El Tribunal de Apelaciones porteño instruyó al juez a cargo para que decida sobre un planteo de la querella y la fiscalía que señalaron al exmandatario por crímenes de lesa humanidad.
La Cámara Federal ordenó definir si se pedirá la extradición de Nicolás Maduro.
La Cámara Federal porteña ordenó que se resuelva si corresponde solicitar a Estados Unidos la extradición del dictador venezolano Nicolás Maduro para que sea juzgado en la Argentina. Es por una causa por delitos de lesa humanidad, abierta bajo el principio de justicia universal.
El Tribunal de Apelaciones consideró que el juez federal Sebastián Ramos, a cargo de la investigación, ya se encuentra en condiciones de pronunciarse sobre los pedidos formulados por la querella, patrocinada por el abogado Tomás Farini Duggan, a los que adhirió el fiscal federal Carlos Stornelli. Según los camaristas, el obstáculo que había frenado el avance del expediente quedó definitivamente resuelto.
Hasta ahora, el magistrado había respondido con un “téngase presente” al planteo realizado apenas Maduro fue capturado por Estados Unidos y trasladado a ese país para enfrentar cargos por narcotráfico y terrorismo. En ese momento, Ramos explicó que estaba pendiente de resolución un planteo de nulidad presentado por la defensa del ex funcionario del régimen Justo Noguera Pietri, quien cuestionó la aplicación del principio de jurisdicción universal por parte de la Justicia argentina.
Frente a esa situación, la querella y la fiscalía apelaron. Este jueves, los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi dispusieron que el juez Ramos avance y emita una decisión, al recordar que el pasado 7 de enero ellos mismos ratificaron la validez de la jurisdicción universal, despejando así cualquier duda sobre la competencia de los tribunales argentinos.
En su resolución, la Cámara sostuvo que el magistrado está “en condiciones de brindar una respuesta sustancial sobre la petición introducida por los acusadores, al haberse superado la controversia que, según sus propios términos, impedía avanzar en el caso”. De esta manera, quedó habilitado el análisis del pedido para iniciar los trámites de extradición de Maduro, quien tiene orden de captura internacional vigente desde 2024, emitida por la propia Cámara Federal.
La querella que representa a víctimas del régimen venezolano solicitó formalmente que se dé inicio al procedimiento de extradición activa y destacó que las pruebas reunidas durante los últimos años “permitieron acreditar en forma inexorable las desapariciones forzadas, violaciones, torturas y ejecuciones ordenadas por el régimen que dirige Nicolás Maduro Moros” en Venezuela.
El fiscal Stornelli acompañó el planteo y recordó que sobre el mandatario venezolano pesa un llamado a declaración indagatoria con orden de detención vigente, dispuesta por directiva de la Cámara Federal. En ese marco, reclamó que se active el proceso de extradición “a los fines de que sea sometido al presente proceso” judicial en la Argentina.
La orden de captura internacional contra Maduro fue dictada luego de que la Cámara Federal ordenara profundizar la investigación y analizara la adopción de medidas cautelares para asegurar la sujeción de los imputados al proceso. Si bien el pedido de detención continúa vigente, Interpol no emitió circulares rojas, según indicaron fuentes judiciales.
Además de Maduro, también cuentan con pedidos de captura internacional Diosdado Cabello y el propio Noguera Pietri. Todos están imputados desde 2024 bajo el principio de jurisdicción universal, que habilita a los tribunales argentinos a investigar ataques sistemáticos y generalizados contra la población civil venezolana, ocurridos al menos desde 2014.
“Los hechos denunciados revisten características de extrema gravedad que generan lesiones a derechos humanos fundamentales y, por tanto, habilitan su protección universal sin dilación”, afirmaron Bruglia y Bertuzzi en la resolución del 7 de enero que ratificó la competencia argentina.
No obstante, la Cámara aclaró que esa jurisdicción podría revisarse en el futuro si se comprobara la existencia de procesos en curso ante la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, para evitar una doble persecución penal por los mismos hechos.
El avance de la causa se consolidó luego de que, el 25 de septiembre de 2024, el juez Ramos ordenara la declaración indagatoria de Maduro y de su principal aliado político, Diosdado Cabello, y librara órdenes de detención internacional con fines de extradición. La investigación alcanza a una decena de acusados, todos señalados como presuntos responsables de un “plan sistemático” de torturas, secuestros y ejecuciones, diseñado desde los niveles más altos del poder en Venezuela.
