Lo pidieron el fiscal Stornelli y un grupo de víctimas de la dictadura venezolana. En Comodoro Py hay una causa abierta contra el expresidente venezolano desde el 2023.
Nicolás Maduro es trasladado por agentes de la DEA (Foto: archivo).
En medio de la conmoción internacional por la situación en Venezuela, la justicia Argentina debe definir un pedido histórico: la Cámara Criminal y Correccional Federal tiene en sus manos un reclamo para que nuestro país solicite la extradición de Nicolás Maduro en una causa por crímenes de lesa humanidad que tramita en Comodoro Py.
El planteo fue impulsado por el fiscal Carlos Stornelli y los Foros por la Democracia FADER y FADD, con el propósito de hacer cumplir una orden de captura internacional para tomarle declaración indagatoria al expresidente, ahora detenido en Estados Unidos.
Si el tema se trata en los próximos días, serán los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia los encargados de definirlo, pero si no alcanzan un acuerdo deberían pedir la opinión de Roberto Boico, lo que podría extender el plazo de definición.
El expediente fue abierto en el 2023 en virtud del principio de jurisdicción universal que permite la persecución subsidiaria de ese tipo de crímenes "contra el derecho de gentes" cometidos en otros países.
La opción de juzgar a dictadores de otros países está incluida en la Constitución a través de la adhesión a Tratados Internacionales como los Convenios de Ginebra de 1949 para los delitos cometidos en un conflicto armado internacional; la Convención de 1984 contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, de 2006.
En 2024, el juez federal Sebastián Ramos ordenó a Interpol la captura internacional del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, de su ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, y de otros 14 funcionarios de ese país para recibirles declaración indagatoria por crímenes de lesa humanidad.
Esa notificación no implicaba la detención inmediata de Maduro, pero sí podía dificultar su libre circulación por el mundo, con el riesgo de que en algunos países se inclinaran por ejecutar la orden de los tribunales argentinos.
La novedad de la irrupción de Estados Unidos en Caracas para atrapar a Maduro y ponerlo a disposición de los Tribunales de Nueva York puso en alerta tanto a los denunciantes como al Ministerio Público Fiscal que avanzaron para reactivar el caso.
El fiscal Carlos Stornelli y los querellantes representados por el abogado Tomás Farini Duggan solicitaron al juez Ramos que se inicie “el procedimiento de extradición activa respecto de Nicolás Maduro Moros, a los fines de que sea sometido al presente proceso”.
El magistrado tuvo presente el planteo, pero no resolvió ninguna medida, por lo que los demandantes apelaron ante la Cámara Federal que podría debatir el asunto esta semana.
Como antecedente podemos recordar que en 2024 fueron los integrantes de la Cámara Federal quienes hicieron lugar al pedido de llamar a indagatoria Maduro y al resto de los imputados porque entendieron que la legislación local habilita a subrogar a la justicia extranjera frente a denuncias por la afectación de los derechos humanos de la población civil.
A todo esto, altas fuentes judiciales aseguraron que no encuentran puntos en común entre la causa iniciada en Argentina y los delitos que le imputan a Maduro en los Estados Unidos por narcotráfico y terrorismo. Esta distinción es importante para evitar cualquier posible violación al principio del ne bis in idem; es decir, al doble juzgamiento.
La justicia argentina valoró como prueba el contenido de al menos 17 informes emitidos por diferentes organismos internacionales que describen detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas, malos tratos y dificultad para acceso a la justicia para las víctimas y sus familiares en relación con esas graves violaciones a los derechos humanos.
Se trata de las investigaciones realizadas por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, y otras 50 organizaciones que defienden los derechos civiles.
El Ministerio Público Fiscal citó registros de casos de graves violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad en Caracas y en otros estados venezolanos. También incorporó el testimonio de exiliados venezolanos en Argentina.
En el caso de Estados Unidos contra Nicolas Maduro, el exmandatario detenido en Nueva York debió comparecer ante el juez federal Alvin Hellerstein por conspiración narcoterrorista, para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.
Maduro se proclamó inocente ante el tribunal y calificó su detención como un secuestro. Ahora deberá esperar en la cárcel a la próxima audiencia, que quedó fijada para el 17 de marzo.
El expresidente de Venezuela fue detenido junto con su esposa Cilia Flores durante una operación nocturna en Caracas. Sus abogados, Barry Pollack y Mark Donnelly, iniciaron una serie de planteos para que se evalúen supuestos problemas de salud que requerirán atención durante la detención.
Si la justicia Argentina avanza en el pedido de extradición, se iniciaría un trámite diplomático con Washington, que debería definir si prioriza su causa o entrega al detenido Maduro para que lo juzguen en Buenos Aires.
