El Gobierno cuestionó el documento del Reino Unido que promueve actividades comerciales e hidrocarburíferas en las islas y volvió a rechazar el proyecto "Sea Lion". Además, informó nuevas medidas contra empresas e inversores vinculados con la explotación de recursos en la zona.
La Cancillería rechazó una guía británica para hacer negocios en las islas y advirtió por sanciones. (Foto: archivo)
La Cancillería argentina rechazó la guía publicada por el Gobierno británico para promover actividades comerciales en las islas Malvinas y cuestionó especialmente los proyectos vinculados con la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur. En paralelo, el Gobierno nacional anunció nuevas medidas contra empresas e inversores que participen en actividades que considera ilegales en la plataforma continental argentina.
El documento británico, titulado “Doing business with the Falkland Islands” (“Haciendo negocios con las islas Malvinas”), busca promover oportunidades comerciales e hidrocarburíferas en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y en los espacios marítimos circundantes. Frente a esa iniciativa, la Cancillería expresó "su más enérgico rechazo" y reafirmó la posición argentina sobre la soberanía de los territorios en disputa.
"La República Argentina reafirma categóricamente que los citados archipiélagos y espacios marítimos e insulares correspondientes son parte integrante de su territorio nacional y se encuentran ilegítimamente ocupados por el Reino Unido", sostuvo el Ministerio de Relaciones Exteriores.
La reacción argentina también se produjo en el marco de los anuncios realizados por las empresas Rockhopper Exploration Plc, de origen británico, y Navitas Petroleum Lp, de origen israelí, en relación con el proyecto hidrocarburífero "Sea Lion", ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.
Según informó la Cancillería, luego de la denominada "Decisión Final de Inversión" de las empresas, fueron convocados los embajadores del Reino Unido y de Israel para recibir notas formales de protesta. En esos encuentros, el Gobierno argentino cuestionó el avance del proyecto y otras acciones vinculadas, entre ellas la emisión de normativas, las licencias otorgadas de manera unilateral, los llamados para contratar proveedores y la promoción de actividades comerciales por parte de las autoridades británicas.
La Cancillería sostuvo que esas medidas "vulneran abiertamente la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas", que insta a la Argentina y al Reino Unido a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación de las islas mientras permanezca pendiente una solución pacífica de la disputa de soberanía.
El Gobierno argentino también advirtió sobre el impacto que podrían tener las actividades hidrocarburíferas proyectadas. De acuerdo con la posición expresada por la Cancillería, se trata de acciones con efectos futuros que podrían resultar irreversibles y comprometer recursos naturales no renovables que pertenecen al país.
Como parte de las acciones desplegadas, la Cancillería informó que ya envió cerca de 180 notas de advertencia y asunción de riesgos a personas físicas y jurídicas ubicadas en 30 países. Además, inició 60 procedimientos administrativos y señaló que el canciller Pablo Quirno realizó tres denuncias penales que alcanzan a 10 empresas y a sus directivos.
El Gobierno también reiteró su disposición a retomar las negociaciones con el Reino Unido. En ese sentido, planteó la necesidad de avanzar en un diálogo "constructivo y sustantivo" para resolver la disputa de soberanía sobre el archipiélago y los espacios marítimos circundantes, en línea con la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y otras resoluciones del organismo.
Finalmente, la Cancillería advirtió a las empresas y personas que mantengan vínculos comerciales con las islas sin contar con las autorizaciones correspondientes que el Estado argentino recurrirá a las vías administrativas, diplomáticas, judiciales e institucionales disponibles para defender sus derechos soberanos y avanzar contra quienes participen de actividades que el Gobierno considera una explotación ilegal de los recursos naturales.
