La magistrada le pidió a la Comisión de Acusación del Consejo (que tiene facultades para impulsar la suspensión y el sometimiento a Jury de destitución) que excluya a ambos testigos que –suponen– declararán en su contra. "Vengo a advertir ante esa Comisión la incompatibilidad existente que impide que los testigos Héctor Daniel Montiel y Enzo Cáceres presten declaración en el marco de estas actuaciones, y en consecuencia solicito que se excluya su convocatoria de las medidas probatorias a producir en el presente expediente".
Pozzer Penzo denunció: "Cáceres desde hace tiempo ha ejercido un permanente hostigamiento sindical y una persecución en mi contra por razones de género, haciéndome padecer calumnias, injurias y un trato degradante por su parte, y Montiel, en el marco de su desempeño en el Juzgado Federal de Goya, ha tomado posturas contrarias y negativas al debido cumplimiento de sus funciones, lo cual no solo podría suponer la comisión de un delito, sino que además me ha generado graves perjuicios, tanto en lo personal como en lo profesional".
Al menos tres razones
La jueza detalló que hay al menos tres causales que, según su apreciación, impiden la declaración de ambos testigos. Están contenidas en el artículo 441 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que establece que "aunque las partes no lo pidan, los testigos serán siempre preguntados (...) si tiene interés directo o indirecto en el pleito; si es amigo íntimo o enemigo; si es dependiente, acreedor o deudor de alguno de los litigantes, o si tiene algún otro género de relación con ellos”.
Según Pozzer Penzo, el hostigamiento por el que acusa a Piumato es una de las razones por las cuales no puede trabajar con la tranquilidad que necesita para avanzar en la investigación sobre la desaparición de Loan. Esa es una de las razones que explican que el niño lleve un centenar de días ausente, sin una prueba concreta que indique qué ocurrió con él, pese a que hay siete detenidos y aún no está claro por qué delitos.
La descalificación de los dos testigos, quienes ya fueron admitidos por el consejero instructor, Héctor Recalde, sostiene que "no resulta genuino ni transparente el testimonio que podrían brindar Montiel y Cáceres, ya que declararían en el marco de una causa en la que se investiga y juzga a quien los ha denunciado por haber llevado a cabo irregularidades en el marco de sus puestos laborales en el Juzgado Federal de Goya".
"No solo han llevado a cabo actitudes perjudiciales en mi contra, sino que además se encuentran denunciados por la suscripta, y si bien el Juzgado Federal Nro. 2 de Corrientes recientemente resolvió desestimar la instrucción, dicha decisión se encuentra recurrida por esta magistrada, y el recurso de apelación ha sido concedido por el Juzgado y elevado a la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes", destaca la presentación de la jueza, a la que tuvo acceso A24.com.
Poner un freno
La abogada de la jueza, la penalista Mariana Barbitta, difundió un comunicado en el que afirmó que "desde hace dos meses, el Dr. Julio Piumato, Secretario General de la UEJN, en conjunto con ese gremio, han estado realizando manifestaciones públicas que se han caracterizado por su violencia y hostigamiento contra la Jueza Federal Dra. Cristina Pozzer Penzo. Ante ello, (…) se solicitó a los Consejeros que intimen al Dr. Piumato y al sindicato a cesar su actitud. La Comisión elevó la consulta al Plenario del Consejo a los fines de que indiquen si pueden extenderse sus facultades para intervenir de la manera solicitada por la Jueza".
El Consejo solo está facultado para evaluar la conducta de los jueces. Pero, al mismo tiempo, también debe garantizarles el derecho a la defensa. La situación es inédita: nunca antes en su historia el Consejo recibió un planteo de esta naturaleza.
La abogada Barbitta afirmó que "varios/as Consejeros/as intervienen visualizando el hostigamiento y la presión ejercida en distintos casos por parte de la UEJN, aclarando que el 'escrache' no es la vía". La situación, añadió, debe ser tratada en la Comisión de Labor para que "se reglamente la forma de actuación del Consejo ante estas situaciones, ya que ponen en grave riesgo el correcto procedimiento de los expedientes".
