Marta Elba Pascual defendió en WiFi su decisión de frenar por 60 días la aplicación de la nueva ley en la provincia de Buenos Aires. Negó un sesgo político, aseguró que no se opone a bajar la edad de imputabilidad y advirtió que faltan recursos para implementar el régimen.
La jueza Marta Pascual defendió su decisión de suspender la aplicación del Régimen Penal Juvenil por 60 días. (Foto: captura).
La jueza Marta Elba Pascual, quien dispuso suspender durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires, defendió su decisión frente a las críticas y aseguró que no se arrepiente de haber dictado la medida. Además, rechazó tener motivaciones políticas y sostuvo que la provincia todavía no cuenta con los recursos necesarios para implementar algunas de las alternativas previstas por la nueva legislación.
“No, no estoy para nada arrepentida”, afirmó Pascual durante una entrevista con WiFi, por A24. La magistrada explicó que su intervención se produjo a partir de un hábeas corpus presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, organización que trabaja con jóvenes atravesados por situaciones de vulnerabilidad, adicciones o conflictos con la ley penal.
Durante una comunicación telefónica, Pascual buscó diferenciar su resolución de la discusión política sobre la baja de la edad de imputabilidad y aseguró que no se opone a que el Congreso establezca una nueva edad mínima de responsabilidad penal. “Yo no discuto la baja de edad de imputabilidad, que es una facultad del Congreso. Es un tema de política criminal donde cada país resuelve dónde pone la vara para llevar a los menores a proceso. Eso no lo discutía y, en lo personal, estoy de acuerdo”, afirmó.
Incluso aclaró que no está en contra de reducir la edad de 16 a 14 años, pero planteó reparos respecto de las condiciones actuales para aplicar el nuevo sistema. “Que la gente no piense que vamos a tener más seguridad por bajar la edad de imputabilidad. En lo personal no estoy en desacuerdo con bajarla de 16 a 14. No están dados los mecanismos para que podamos atender hoy a los jóvenes”, sostuvo.
Pascual remarcó además que su resolución tiene alcance sobre el territorio bonaerense y una duración limitada. “Si la suspendía, la tenía que suspender en el territorio bonaerense y además es solo por 60 días”, explicó.
Uno de los puntos más controvertidos de la discusión fue qué ocurriría con un menor de 16 años que cometa un delito grave mientras esté vigente la suspensión. Pascual rechazó que su resolución implique que esos adolescentes necesariamente queden en libertad. Según explicó, la legislación procesal bonaerense contempla herramientas para actuar frente a esos casos.
“La ley que tenemos en la provincia de Buenos Aires, la ley procesal, les permite a los jueces penales juveniles aplicar una medida de seguridad y encerrar a esos jóvenes hasta los 18 años y aun después de los 18 años”, aseguró.
Pascual también se refirió al contrapunto que mantuvo alrededor de qué respuesta debe darse ante delitos menores cometidos por adolescentes. La jueza cuestionó a quienes creen que si "un chico roba un celular, es peligroso y hay que encerrarlo porque después puede matar". "Yo en eso no estoy de acuerdo”, afirmó.
“No creo que vaya a mejorar la seguridad. Yo no lo digo por una cuestión personal, que me guste o no me guste. Lo digo desde mi trabajo diario y además desde mi conocimiento”, expresó.
Otro de los principales argumentos de la magistrada fue la supuesta falta de dispositivos para implementar las medidas alternativas a la privación de la libertad contempladas por la nueva legislación. Pascual mencionó como ejemplo figuras como el supervisor educativo y los programas de justicia restaurativa. En ese sentido, destacó una experiencia que funciona en Lomas de Zamora y aseguró que los resultados muestran diferencias importantes en materia de reincidencia.
“Tengo un programa dentro de Lomas de Zamora donde los chicos van a un programa de justicia restaurativa y esto, medido por el CONICET, la reincidencia es del 7 u 8%, mientras que los jóvenes que están enrejados sin tratamiento luego van a las cárceles de adultos y hay una reincidencia del 60%. En eso creo”, señaló.
A partir de ese diagnóstico, defendió la suspensión temporal: “Creo que en estos dos meses vamos a poder trabajar en estas alternativas”.
También sostuvo que, pese al plazo previsto antes de la entrada en vigencia de la legislación, los recursos que necesita para aplicar determinadas medidas todavía no están disponibles. “Yo no soy la que tengo que trabajar con las instituciones para ponerlas (en el funcionamiento que pide la ley). Lo que puedo decir hoy es que yo no tengo estas alternativas que me manda la ley a la no prisionización o al tratamiento si es un chico que roba porque tiene una adicción”, explicó.
Pascual también respondió a quienes atribuyeron su decisión a un supuesto sesgo ideológico o político y rechazó cualquier identificación con el kirchnerismo. “Yo nunca fui, soy ni seré kuka”, afirmó.
Sin embargo, sí se definió como garantista: “Sí soy garantista. Soy garantista de la Constitución, de la Convención que dice que la privación de libertad tiene que ser la última razón y que hay que aplicar medidas alternativas”.
