La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo declaró inválidos los comicios nacionales del sindicato metalúrgico por presuntas anomalías detectadas en la votación realizada en la seccional Campana.
Intervinieron la UOM, desplazaron a Abel Furlán y anularon la elección nacional del gremio. (Foto: archivo).
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo anuló la elección nacional de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), desplazó de su cargo a Abel Furlán y ordenó la intervención judicial del gremio durante 180 días por presuntas irregularidades detectadas en el proceso electoral.
La resolución fue dictada por la Sala VIII del tribunal laboral, integrada por los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González, quienes también declararon nulos los comicios realizados en la seccional Campana. La causa se había iniciado tras una denuncia presentada por la Lista Naranja por supuestas anomalías durante la votación desarrollada entre el 2 y el 4 de marzo de 2026.
En el fallo, los magistrados concluyeron que el mecanismo implementado “no garantizó una elección confiable, segura ni transparente” y sostuvieron que se afectaron principios de democracia y libertad sindical previstos en la Constitución Nacional y en el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Uno de los principales cuestionamientos estuvo vinculado a la custodia de las urnas durante las tres jornadas de votación en Campana. Según señaló la Cámara, las urnas permanecieron bajo control exclusivo de la Junta Electoral dentro de la sede gremial, sin escrutinios provisorios diarios ni mecanismos suficientes para asegurar la inviolabilidad de los votos.
Además, los jueces remarcaron que las elecciones sindicales deben realizarse en una única jornada salvo situaciones excepcionales debidamente justificadas. En ese sentido, advirtieron que la extensión del proceso por tres días requería controles especiales que, según entendieron, no fueron implementados.
El tribunal también cuestionó que se haya convocado a fiscales opositores a permanecer dentro de la sede sindical para custodiar las urnas, una medida que calificó de “inaceptable e irrazonable”.
A partir de esas conclusiones, la Cámara declaró inválida la elección de Campana y dejó sin efecto la designación de las autoridades locales y de los miembros del Colegio Electoral que luego participaron de la elección nacional de la UOM.
Según sostuvo el fallo, esa irregularidad impactó directamente sobre la validez de la elección realizada el 18 de marzo, en la que Abel Furlán había sido ratificado al frente del sindicato metalúrgico.
“Si el Colegio Electoral se encontró deficientemente conformado nunca pudo haber elegido válidamente al Secretario General Nacional”, afirmaron los magistrados.
Como consecuencia, la Justicia dispuso el cese inmediato de toda la conducción nacional de la UOM y anuló las designaciones realizadas por las actuales autoridades desde su asunción. También ordenó la intervención judicial del sindicato por 180 días mientras se reorganiza el funcionamiento institucional del gremio.
La existencia de una segunda causa contra Abel Furlán sobre presuntas irregularidades en la administración de fondos sindicales fue impulsada a mediados de marzo por una investigación del periodista Nicolás Wiñazki que dio a conocer A24.
A raíz de esa investigación el 13 de marzo pasado el fiscal Eduardo Taiano, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 3, realizó un allanamiento con el aval del juez federal Julián Ercolini en la sede central de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), ubicada en Alsina al 400.
El fiscal sostiene que se investigan “presuntas conductas fraudulentas” por parte de personas encargadas de administrar recursos de trabajadores afiliados al sindicato metalúrgico, quienes “habrían violado sus deberes y perjudicado los intereses confiados al gestionar de manera infiel el manejo de fondos concernientes a la mencionada organización sindical”.
La hipótesis de la fiscalía se basa en una denuncia presentada el 27 de febrero por opositores a Furlán en la seccional Zárate-Campana. Según esa acusación, el dirigente habría firmado un contrato con USEM que le habría cedido a esa empresa el control del 80% de los aportes sindicales, con facultades para abrir cuentas bancarias, realizar pagos y administrar recursos del gremio.
El acuerdo, según la denuncia, habría fijado honorarios equivalentes al "0,5% de todo lo recaudado por cuotas sindicales —estimado en más de 100 millones de pesos mensuales— y una duración contractual de diez años, con una cláusula que permitiría únicamente a la empresa rescindir el vínculo".