El ministerio de Capital Humano inició 18 causas judiciales que tienen en la mira a la gestión de Alberto Fernández. ¿Cuáles son esas denuncias y qué puede pasar? La contraofensiva de Grabois.
Javier Milei volvió a apoyar a Sandra Pettovello: "Está dando una batalla contra la corrupción". (Foto: archivo)
Desde que asumió Javier Milei, el Ministerio de Capital Humano impulsó 18 causas penales por delitos contra el Estado, entre ellas hay varias denuncias por irregularidades en la distribución de planes sociales y alimentos a los comedores asistenciales. Como contraofensiva, Juan Grabois denunció a la ministra Sandra Pettovello por retener 5 mil toneladas de alimentos en los depósitos de su cartera en lugar de repartirlo a los más pobres.
En el caso que se ocupa de los denominados “comedores fantasma”, esta semana deberá declarar como testigo el Subsecretario de Políticas Sociales, de la secretaría de la niñez, Hector Calvente.
El fiscal Ramiro Gónzalez quiere que le brinde detalles del relevamiento del Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (RENACOM). El número dos de la secretaría que maneja Pablo de la Torre (hermano del ex-intendente de San Miguel, Joaquín De la Torre), podrá clarificar en qué se basan para asegurar que detectaron 1200 comedores como “no válidos”
En medio de rumores sobre los cambios que Javier Milei planea para el gabinete, Sandra Pettovello parece ser una de las figuras inamovibles de su gobierno. En una entrevista a La Nación Más, el presidente aseguró que la ministra de Capital Humano “tiene una brigada anticorrupción que manda a diferentes oficinas y así van saltando estas cosas”.
La Subsecretaria Legal del ministerio, Leila Gianni, tiene la tarea de atender 18 procesos judiciales contra el ex presidente Alberto Fernández, ex funcionarios de su gestión, empresarios allegados a él, dirigentes de organizaciones sociales, e incluso ex funcionarios de Mauricio Macri. Hasta ahora el ministerio logró convertirse querellante solamente en la causa por supuesta extorsión a beneficiarios de planes sociales que inició la cartera de Seguridad, con los testimonios recibidos en la Línea 134.
Casi todos los casos se instruyen en los Tribunales de Comodoro Py, salvo uno que tramita en uno de los juzgados federales de Morón. Tres expedientes se basan en los mensajes recibidos en la Línea 134, por los delitos de coacción agravada, extorsión y defraudación al Estado.
A todo esto, la semana pasada el juez Julián Ercolini desestimó una denuncia que había realizado Capital Humano por supuestas irregularidades en la compra de medicamentos contra el cáncer y el HIV. La presentación decía que se registraron demoras u omisiones en la entrega de fármacos a pacientes. El caso había surgido de las auditorías en la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), dependiente del Ministerio de Salud.
La mayoría de las causas identifican delitos como defraudación al estado, violación de los deberes de funcionario público y coacción. Casi la totalidad de las denuncias llegaron a Tribunales después de la feria de enero, y por ahora están revisando la prueba obtenida para delinear las posibles imputaciones. La siguiente es la Lista de Pettovello:
En la lista de Pettovello sobresale la causa contra Alberto Fernández, el ex titular de Nación Seguros SA, Alberto Pagliano, y a Héctor Martínez Sosa (esposo de la Secretaría de Alberto Fernández, María Cantero), entre otros.
El futuro del caso depende del juez de Cámara Federal de Apelaciones, Roberto Boico, que debe resolver un planteo de recusación del ex presidente contra el juez Julian Ercolini.
La semana pasada Alberto Fernández visitó Comodoro Py para pedir personalmente el apartamiento de Ercolini por enemistad manifiesta. Por su lado, el fiscal de Cámara, Jose Luis Aguero Iturbe rechazó ese pedido argumentando que, cuando tuvo otras causas, el magistrado actuó con objetividad, al punto de dictar el sobreseimiento de Fernández.
En este expediente se investigan las presuntas irregularidades en torno al Decreto 823/2021, a través del cual se impuso la obligación al Sector Público Estatal de contratar servicios de seguros de forma exclusiva con la empresa pública “Nación Seguros SA”.
Mientras tanto, el juez Boico deberá resolver junto con sus pares Martín Irurzun y Eduardo Farah, las apelaciones a la inhibición de bienes de todos los imputados.
En este sentido, la abogada de Capital Humano, Leila Gianni, se opuso a levantar las cautelares dispuestas por el juez Ercolini, porque entendió que contribuyen a la protección y resguardo patrimonial del ESTADO NACIONAL, como víctima del presunto delito cometido por los imputados.
Mientras el presidente respalda a Pettovello porque dice que le sacó la careta al peronismo que “no fue el abanderado de los pobres, sino que fue el abanderado de crear pobres para convertirlos en esclavos”, Grabois le reclamó a la justicia que realice una inspección en los galpones del gobierno para que revise el stock de alimentos sin entregar, y su fecha de vencimiento.
Grabois expresó en su denuncia que tener comida en los depósitos pertenecientes al Ministerio de Capital Humano “no es solo una inmoralidad en una Argentina con más de 50% de pobres, sino que finalmente se trata de una ilegalidad manifiesta".
El expediente recayó en el juzgado de Sebastián Casanello, el mismo juez que investiga la extorsión a beneficiarios de planes Potenciar Trabajo y comedores del Partido Obrero, Barrios de Pie y el Frente de Organizaciones en Lucha.
