El Gobierno denunció y fue denunciado. Mantiene una relación sinuosa con el Poder Judicial. Los desafíos que pasaron y los que vienen.
En sus primeros 12 meses, el gobierno de Javier Milei recorrió los Tribunales para defender su política antipiquetes, denunciar la extorsión a los beneficiarios de planes sociales, justificar por qué la SIGEN debe ser la encargada de auditar a las universidades públicas y pedir que se investigue al ex presidente Alberto Fernández por el negocio de los Seguros.
También tuvo que dar explicaciones por el escándalo de la distribución de alimentos, y llegó a un acuerdo en el conflicto de los fondos de coparticipación que reclama la Ciudad de Buenos Aires.
Avanzó con la aplicación del Sistema Acusatorio, propuso dos candidatos para asumir en la Corte Suprema, y presentó un proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 13 años.
Su gestión se inauguró con la judicialización del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, con el que se propuso desregular la economía. En este sentido, el revés más fuerte que sufrió fue la suspensión del Capítulo 4 referido a la reforma laboral.
La reacción de los sectores afectados por el Mega DNU provocó una tormenta de demandas de las provincias ante la Corte Suprema. Los planteos los hicieron los gobiernos de Córdoba, Corrientes, Santa Cruz, San Luis y La Rioja, que le pidieron al Máximo Tribunal que declare la inconstitucionalidad de la medida que derogaba más de 300 regulaciones.
Axel Kicillof inició un proceso contra el decreto 192/24 que derogó el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires.
La Rioja, Santiago del Estero, Misiones y Corrientes fueron a la Corte para denunciar la quita del subsidio al transporte; por el cobro de pesos del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid); por el dinero del Programa Nacional de Compensación Salarial Docente, del plan Conectividad Docente y por la Paritaria Nacional Docente.
Chubut obtuvo una resolución de la justicia federal que ordenó al Estado nacional que le pague el subsidio al Transporte y el Fondo de Incentivo Docente, y finalmente el Estado nacional llevó el caso a tramitar a la Corte.
Por la quita de coparticipación, el gobierno porteño y el ministerio de Economía formalizaron un acuerdo para cumplir con la medida cautelar que había dictado el Máximo Tribunal. De ese modo, Nación comenzó a abonar el 2,95% que había recortado Alberto Fernández.
Mientras se aguarda que los jueces resuelvan la cuestión de fondo, Jorge Macri valoró la voluntad del gobierno de Milei, y advirtió que la Ciudad tiene derecho al 3,50 por ciento que le restaron en el 2020.
En otro orden, los ministerios de Seguridad y Justicia presentaron el proyecto de Ley del Régimen Penal Juvenil que reduce la imputabilidad a 13 años para todos los delitos. Hasta ahora el límite a partir del cual los adolescentes pueden ser juzgados e ir a la cárcel es 16 años. La iniciativa aún no logró dictamen de comisión en la Cámara de Diputados.
A propósito de este tema, en los primeros meses de mandato estalló la indignación ante el crimen de Bruno Bussanich, un empleado de una estación de servicio de Rosario, víctima de la Mafia de la droga. El presunto sicario resultó ser un adolescente de 15 años, que según el régimen actual es menor, por lo que resulta inimputable.
La grave situación en Rosario colocó a la jurisdicción a la cabeza de la lista de emergencia para poner en marcha el Sistema Acusatorio. Mariano Cúneo Libarona defendió el lanzamiento de un cronograma para implementarlo en todo el país, y darle a los fiscales herramientas eficientes en las investigaciones complejas contra la criminalidad organizada.
Cuando llegó Milei, el Acusatorio ya funcionaba en Salta y Jujuy, y durante este año avanzó a Rosario, región norte de la provincia de Buenos Aires, Mendoza, San Luis, San Juan, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Ni bien se dispuso el Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación, conocido como antipiquetes, varias organizaciones sociales y de derechos humanos solicitaron un hábeas corpus.
El juez Sebastián Casanello no hizo lugar, pero dictó una medida cautelar exhortando al ministerio de Seguridad a que adecue la actuación de las fuerzas policiales y federales a los límites impuestos por la Constitución Nacional, el Código Procesal Penal de la Nación y el Código Procesal Penal Federal.
La Cámara Federal de Apelaciones declaró la nulidad de la decisión de Casanello, porque entendió que el magistrado formuló un análisis que hacía al fondo de la acción, cuando no habían transcurrido los pasos procesales necesarios.
Existe una demanda similar iniciada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en el fuero Contencioso Administrativo, donde el ministerio de Seguridad afirmó que los derechos asociados a la protesta social se siguen ejerciendo sin ningún problema.
Lo cierto es que más allá de la disputa en la justicia, el protocolo antipiquetes siempre estuvo vigente, y el gobierno nacional lo presenta como uno de sus éxitos.
El líder piquetero, Eduardo Belliboni, quedó expuesto junto con otros dirigentes del Polo Obrero, en una causa donde fue procesado por extorsión y administración fraudulenta. El caso se encuentra en instancia previa a la convocatoria a juicio oral, al menos una primera parte. Calculan que después de la feria de enero habría novedades.
La investigación surgió de una denuncia efectuada por el Ministerio de Seguridad en base a las llamadas recibidas en la Línea 134, que en los primeros diez días de gobierno registró más de 13 mil mensajes, de los cuales 924 llegaron a la justicia.
Otra pelea judicial está relacionada con la entrega de alimentos de parte del Ministerio de Capital Humano a los comedores integrados en el Programa Alimentar. Un fallo intimó a la ministra Sandra Pettovello a repartir la mercadería que exigía la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Un momento memorable se registró cuando la Cámara de Apelaciones realizó una audiencia pública donde alegaron el dirigente social Juan Grabois y la que por entonces era la subsecretaria Legal de Capital Humano, Leila Gianni. Terminó con una discusión escandalosa en los pasillos de Comodoro Py, en la que ella trató de ladrón a Grabois, y él le gritó “kuca ladrona”.
Desde Capital Humano se iniciaron una treintena de causas por los delitos de defraudación al estado, violación de los deberes de funcionario público y coacción, entre otros.
Una de ellas es la causa Seguros, que llevó a declaración indagatoria a Alberto Fernández, al ex titular de Nación Seguros SA, Alberto Pagliano, y a Héctor Martínez Sosa..
En este expediente se investiga si el decreto 823/2021 que firmó el ex presidente, sirvió para habilitar una estructura legal que permitió direccionar la contratación de seguros del Estado hacia un grupo de compañías.
La lista de denuncias de Pettovello incluye el caso de Guardapolvos Escolares que involucra a la ex ministra Victoria Tolosa Paz, los sobreprecios en la compra de alimentos, la desaparición de computadoras en el ministerio de Educación, y el pago de sobresueldos a través de la Organización de Estados Iberoamericanos.
Está pendiente una resolución judicial por la medida cautelar que solicitó el Consejo Superior de la UBA para rechazar las auditorías de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
La Universidad de Buenos Aires sólo admite que la controle la Auditoría General de la Nación (AGN) porque dice que la SIGEN depende del Ejecutivo y “la autonomía y autarquía de las universidades nacionales implican una independencia absoluta del Poder Ejecutivo”.
El próximo 29 de diciembre se jubila Juan Carlos Maqueda, lo que llevará a que la Corte Suprema quede integrada por tres miembros. Esta situación significa que si no logran acuerdos con tres votos concordantes, deberán convocar a conjueces. A todo esto, aún es un incógnita lo qué sucederá con la nominación de Ariel Lijo y Manuel Garcia Mansilla para completar el Máximo Tribunal.
Hace unas semanas, el Poder Ejecutivo envió 150 pliegos al Senado para la designación de jueces, fiscales y defensores del pueblo. Recordemos que los magistrados reclamaron la cobertura del 30 por ciento de cargos vacantes entre los jueces, y del 50 por ciento de los fiscales.
El proyecto de Presupuesto que el gobierno envió al Parlamento, dispuso un recorte del 40 por ciento en relación al monto solicitado por la Corte Suprema para el Poder Judicial. La propuesta prevé una partida de 1.760 billones de pesos cuando las cuentas del Máximo Tribunal requirieron más de 2.500 billones de pesos.
El ministro Cúneo Libarona se comprometió a seguir trabajando en los siguientes dos años en la activación del Sistema Acusatorio en el resto del territorio nacional, en la sanción de un nuevo Código Penal, y en la incorporación definitiva del juicio por jurados para la justicia federal.
