CONGRESO

Los cambios en la ley de Discapacidad que el Gobierno incluyó en el Presupuesto 2027

La oposición en el Congreso y representantes de organizaciones de Discapacidad, debaten la prórroga de la Emergencia en Discapacidad y denunciaron que el Gobierno en el proyecto de Presupuesto 2027 propone eliminar el nomenclador universal lo que desfinanciará el sistema de atención a discapacitados.

por Stella Gárnica | 16 de septiembre de 2026 - 15:23
Los cambios en la ley de Discapacidad que el Gobierno incluyó en el Presupuesto 2027

Diputados debaten la ley de Emergencia en Discapacidad y acusan al gobierno de buscar desfinanciar el sistema con la ley de Presupuesto 2027. (Foto: archivo).

La oposición y representantes de prestadores de Discapacidad denunciaron que en el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno a la Cámara de Diputados propone la eliminación del nomenclador universal y el desfinanciamiento del sistema de atención a discapacitados de todo el país.

En el proyecto de presupuesto 2027, el Gobierno propone eliminar el artículo 7 bis de la ley de Emergencia en Discapacidad, que hasta ahora establecía la actualización obligatoria, automática y mensual de los pagos a prestadores según el índice de IPC.

El Poder Ejecutivo plantea en el Presupuesto que “el Nomenclador de prestaciones básicas no incluirá valores universales” y habilita a que cada obra social o prepaga fije sus propios valores en la negociación, sobre la base de un mínimo contemplado.

El proyecto propone volver al esquema de pensión por invalidez, por el cual quienes cuenten con un Certificado Único de Discapacidad (CUD) no podrán percibir ningún tipo de compensación si registran un empleo.

Además, deroga los artículos 5º, 8º, 9º y 14 de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad Nº 27.793.

Las modificaciones que impulsa el gobierno a la ley de Discapacidad vigente generó críticas entre los de la oposición como en los aliados de PRO, la UCR e Innovación Federal.

El diputado Pablo Juliano de la Unión Cívica Radical (UCR) señaló en su cuenta de la red social X: "Lo dijimos la semana pasada en la sesión: es imprescindible que la ley de Emergencia en Discapacidad sea prorrogada".

El legislador acusó que el oficialismo "niega la emergencia" y planteó que, en cambio, "apuesta a exponer a las personas con discapacidad a más injusticias". "En el Presupuesto 2027, que ingresó anoche, Milei elimina la actualización obligatoria, automática y mensual de los pagos a los prestadores según el IPC. Sobran los motivos para rechazar este punto del Presupuesto y para impulsar la prórroga de la emergencia", alertó.

En sintonía, el diputado Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica (CC) introdujo los cambios en materia de Discapacidad que establece el Presupuesto 2027 y luego advirtió que se eliminan "dos principios fundamentales". Al respecto, puntualizó: "Que los aranceles sean iguales para todas las obras sociales, prepagas y el Estado. Que esos aranceles se actualicen automáticamente mediante el índice de movilidad jubilatoria. Y ahora establecen expresamente que “la universalidad no implicará la homogeneidad de aranceles”.

"Disponen que el nomenclador 'no incluirá valores universales'. Y permite que cada ente obligado (obra social, prepaga o Estado) determine los valores en su relación con los prestadores. Sólo para el Estado Nacional prevé una determinación trimestral de aranceles por parte de la Secretaría Nacional de Discapacidad", expresó.

Sobre el final del mensaje, insistió: "En criollo, eliminan el criterio de arancel único para todo el sistema y reemplazan una regla objetiva por un esquema fragmentado, discrecional e incierto para prestadores y personas con discapacidad. Toda esta crueldad, mientras el sector atraviesa una emergencia reconocida por ley, con instituciones al borde del cierre, prestaciones desactualizadas y miles de familias a la deriva".

Ante la consulta de A24.com sobre la nueva polémica, fuentes del bloque del PRO evitaron adelantar una postura y se limitaron a responder que "se está analizando en su completitud el presupuesto antes de dar una postura integral".

El debate en Diputados

El tema se transformó en el centro del debate en las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda convocada este miércoles desde el mediodía para discutir la prórroga de la ley de Emergencia en Discapacidad impulsada por la oposición.

En tanto, fuentes del Ministerio de Salud aclararon que no tuvieron ninguna intervención en el diseño del proyecto de Presupuesto 2027 y desligaron la polémica en Presidencia.

La reunión en Diputados estaba encabezada por el presidente de la Comisión de Discapacidad, el diputado libertario Gerardo Huesen (LLA), en un clima de acalorado debate donde una docena de invitados y legisladores del oficialismo y la oposición debatían el proyecto de prorroga de la Emergencia en Discapacidad.

El padre Pablo Molero, representante de la Comisión de Discapacidad del Arzobispado de CABA, advirtió que "este gobierno lo único que hizo desde que se sentó, fue destruir el sistema de Discapacidad, en el presupuesto lo sigue haciendo".

Marina Petterino, presidenta de la Asociación de Prestadores APRESDI, indicó que "la emergencia no puede analizarse solamente mirando el valor de un arancel insuficiente, sino también en la demora en los pagos de parte del Estado".

"Amanecimos con un proyecto devastador y angustiante, la estocada final al sistema de atención a la Discapacidad", advirtió la representante de los prestadores que remarcó.

Por su parte, Carolina Armeloni, la presidenta de CAPREDIS, advirtió que "no se puede modificar una ley nacional con un anexo del Presupuesto". En su intervención denunció que los prestadores del interior van a quedar totalmente indefensos ante las cámaras y prepagas: "Que exista un valor unificado tiene que ver con la equidad al acceso, que no existan personas de primera, de segunda o tercera clase y no se deje la decisión del costo en manos de las empresas prepapagas".

"No es una empresa el sistema de apoyos", dijo al referirse al artículo 71 de la ley de Presupuesto 2027, que deroga la nomenclatura universal.

La representante de prestadores denunció además que "los artículos 36 y 37, que regulan las pensiones no contributivas por invalidez, establece incompatibilidad absoluta laboral, lo que destruye los marcos regulatorios que garantizan derechos humanos universales".

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