Esta semana los indicadores "de bolsillo" le dieron alivio a los números oficiales. El estudio que pone la luz sobre el segundo semestre.
Javeri y Karina en la presentación de los Juegos Olímpicos (Foto: presidencia)
El Gobierno recibió esta semana las mejores notfsicias en materia económica. Primero se cortó la suba de los dólares alternativos, que venían pegando fuerte en la opinión pública con consecuencias impredecibles para la inflación. Necesitaban contener eso para poder recuperar el relato de que se puede mantener a la inflación a raya.
Pero quizás el dato favorable y más contundente es el de la recuperación de los salarios. Dio un aumento del 8,3% en mayo, casi el doble que la inflación de ese mes (fue 4,2%), y ya recuperaron toda la inflación del año. Además, entre los sectores más castigados, el sector público tuvo una suba del 8,3% y los no registrados, del 11,8%.
Esto tuvo correlato en el consumo. Las ventas en supermercados crecieron en mayo un 3,9% respecto de abril. En mayoristas, aumentaron 1,7% respecto del mes anterior y se cortó una racha de seis meses de caída. Y aunque los números son aún negativos respecto al año anterior, por lo menos se viene desacelerando: en mayo fue 12,2% interanual contra el 21,2% de abril.
En centros de compras, las caídas fueron del 12,7%; el mes anterior había sido -23%.
En el Gobierno se entusiasman con que esto implique un cambio de tendencia, que se podría retroalimentar este domingo cuando en La Rural se anuncien beneficios para el agro.
El Gobierno necesita que se liquiden exportaciones para fortalecer las reservas y pensar en liberar el cepo. Por ahora no lo logra del todo.
La suba de los salarios (y del consumo) es fundamental para que haya una idea de que el plan económico está funcionando. En la primera etapa del año, la gente estaba dispuesta a hacer un sacrificio y el apoyo a Milei se basaba en buena parte en la expectativa.
Ahora, la paciencia empieza a caer y se necesitan ver algunos resultados. El incremento de los salarios reales es clave. Sin embargo, más allá de que es una buena noticia, hay que ponerla en contexto:
En síntesis, siempre los promedios son engañosos. Como sea, son datos que, acompañados por el crecimiento económico de mayo (2,3% anual y 1,3% mensual), dan aire y cierto optimismo. ¿Se puede estirar a junio este efecto?
El Gobierno va a poder mostrar otra medalla frente a los trabajadores, especialmente los que son su propia base de votantes: los sueldos crecen sin necesidad de que el Estado intervenga. Quizás por eso fue tan mala la reunión que tuvieron los sindicatos en la secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero.
“Los mearon. Les dijeron que iban a avanzar con todo lo que está en la Ley Bases. Hasta los que no son combativos se fueron a la mierda”, describe un hombre de un sindicato de la CGT, al tanto de todas las conversaciones. La CGT se levantó de la mesa tripartita que quería armar el Gobierno con sindicalistas y empresarios.
Se suma al desaire de los últimos días con el Salario Mínimo Vital y Móvil. “Los valores del SMVM definidos en el laudo son levemente superiores a lo que ofreció la representación empresaria ($245.000). Sin embargo, están muy lejos del reclamo de la CGT ($480.000)”, comunicaron desde el propio Gobierno, que definió por decreto las subas. Va a ser escalonado hasta alcanzar en octubre $271.571. En total es un 15% en cinco meses.
Según un estudio de la CTA, el salario mínimo real queda 8% por debajo de mayo, 31,2% por debajo de noviembre de 2023 y 57% por debajo de noviembre de 2019, cuando se fue Macri. Culpas compartidas. “Milei establece por decreto el salario mínimo más bajo de la historia argentina”, planteó Hugo Yasky líder de la CTA.
En la CGT se reunieron el jueves y hubo distintas posturas sobre cómo seguir. Ninguna voz planteó pacificar las cosas. Hasta los más dialoguistas aceptaron levantarse de cualquier mesa de negociación: “La conflictividad que viene abajo”, explica un dirigente que sigue la diaria de esas conversaciones. Las propias bases reclaman que las centrales gremiales hagan algo.
Un ejemplo claro esta semana se vio con el sindicato de ceramistas (Focra). Hicieron una huelga nacional de 96 horas y denuncian que perdieron casi 100 puntos porcentuales contra la inflación en la última paritaria. Piden un 30% de aumento para arrancar a negociar el 2024. Por ahora las empresas no les dan cabida. El sector industrial está en fuerte crisis. El jueves hay audiencias y si no se arregla van a seguir. Algo parecido pasa en otros gremios industriales.
Lo que denuncian los gremios es que la Secretaría de Trabajo no está activa. “El Ministerio no funciona. Solamente activa a pedido de la patronal y en sectores muy estratégicos vinculados a las exportaciones”, cuenta una fuente que camina todos los días la Secretaría.
“Antes, a las paritarias venía el director de negociación colectiva. Hoy no sabés quiénes son, no aparecen. Es una audiencia con un funcionario y no te dice nada. Ponen solamente la mesa: ni café, ni hojas de papel. Si querés imprimir un acta, tenés que llevar tu resma de hojas”. En muchos casos las audiencias son por Zoom y nunca el ministerio interviene por su cuenta.
Otros sectores con menos dificultades también están en alerta. Esta semana hubo un congreso de los aceiteros y sus autoridades recibieron mandato de para tomar “medidas de fuerza en el momento que lo consideren adecuado”. Un cheque en blanco. “Tenemos que salir a luchar. Esa es la fuerza más grande que tenemos”, arengó Daniel Yofra, secretario general.
“Solamente vas a la conciliación si la empresa quiere. La mayoría arreglamos por afuera del Ministerio, no quieren poner porcentajes, no homologan paritarias. El tema es que con una actividad que anda bien, se arregla. El problema es con las actividades industriales, en recesión, o fábricas que quieren despedir”, describen desde un gremio industrial.
El gran temor es que pase lo que pasó en los 90, cuando muchos trabajadores se entusiasmaron con privatizaciones e indemnizaciones, pero se terminaron comiendo la plata y a los tres años no tenían más qué hacer.
Estos números son clave porque cada vez más trabajos de opinión pública empiezan a plantear que a partir del segundo semestre se puede producir un quiebre con una parte importante de la sociedad. No es culpa solamente de la marcha del Gobierno, sino del desgaste propio de cualquier gestión.
Ese quiebre no se da en los adherentes más fanáticos del Presidente, sino en los que están en el medio, los que lo apoyaron para “sacar al kirchnerismo”, pero que no comulgan con sus ideas o no creen que tenga la fortaleza política para hacer los cambios.
Un estudio del consultor Sebastián Halperin sobre la opinión pública después de la Ley Bases muestra un poco ese esquema. “Habíamos advertido que una porción significativa del electorado hacía hincapié en las limitaciones del presidente Javier Milei para el desarrollo de su plan de acción, bajo la consideración de que ‘la casta no lo deja’”, describe el informe.
El trabajo le pregunta a este sector de adherentes qué expectativas tiene respecto a lo que pueda hacer el Gobierno después de la sanción de la Ley Bases. Lo hace a través de un estudio cualitativo (que muchas veces son premonitorios de lo que pasa luego en las encuestas).
Algunas respuestas.
“Se advierte en el nuevo escenario desde la aprobación de la Ley cierta sobrecarga de expectativas”, dice el informe.
“Ello podría constituir una alerta para el gobierno nacional, teniendo en cuenta que es de suponer que las exigencias habrán de ir en consonancia con las expectativas planteadas, y que en buena medida surgen de la consideración del programa de gobierno de LLA a título general, antes que desde un análisis de los alcances y limitaciones de la Ley tal como fue aprobada en el Congreso”, agrega.
Economía y política empiezan a jugar en conjunto. Para poder sostener la política (es decir, expectativa en la opinión pública) ya no alcanza con bajar la inflación. La gente tiene que empezar a percibir una mejora de bolsillo. La gran duda es si el Gobierno está en condiciones de emprender ese proceso.
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