El Tribunal Internacional del Derecho del Mar dará a conocer su decisión el 28 de noviembre y la Casa Rosada ya analiza distintos escenarios, incluso la posibilidad de un fallo adverso.
El Gobierno busca frenar el proyecto Sea Lion mediante una ofensiva ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. El 28 de noviembre se conocerá una decisión clave sobre las medidas provisionales solicitadas por la Argentina, en una disputa que también incluye acciones diplomáticas y sanciones contra empresas vinculadas con la explotación petrolera británica.

Malvinas: la estrategia judicial de la Argentina para frenar la explotación petrolera británica
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar dará a conocer su decisión el 28 de noviembre y la Casa Rosada ya analiza distintos escenarios, incluso la posibilidad de un fallo adverso.
Según pudo saber A24.com, el gobierno sostiene que la extracción de petróleo produciría consecuencias irreversibles y busca una medida judicial que suspenda las operaciones antes de que comiencen. La particularidad de la ofensiva argentina es que no pretende que el tribunal resuelva la soberanía sobre Malvinas, sino que establezca límites a la explotación de sus recursos naturales mientras persista la disputa territorial.
Para eso, inició un procedimiento arbitral bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y solicitó medidas provisionales.
Durante las audiencias del 10 y 11 de noviembre, la delegación argentina argumentó que el Reino Unido no puede disponer unilateralmente de los recursos de una zona en disputa. Londres respondió que el tribunal carece de competencia porque cualquier pronunciamiento sobre esos derechos implicaría resolver previamente la cuestión de soberanía.
“Ese es el principal obstáculo que enfrenta la estrategia judicial”, confirmó una fuente oficial.
Aunque el Gobierno considera sólidos sus argumentos, en algunos sectores oficiales prevalece el pesimismo sobre el resultado. La Casa Rosada contempla tres escenarios: una resolución favorable que paralice el proyecto petrolero, una decisión intermedia que imponga restricciones a las operaciones británicas o un rechazo del reclamo argentino.
La diferencia entre un fallo adverso por falta de urgencia y otro que cuestione la competencia judicial será determinante para los próximos pasos. El primero permitiría mantener abierta la discusión ante el futuro tribunal arbitral, mientras que el segundo complicaría la continuidad de la estrategia elegida.
Por eso, el Gobierno prepara una ofensiva complementaria que incluye acciones diplomáticas, sanciones administrativas y presión sobre las empresas involucradas. Ya se anunciaron más de 180 notas de desaliento a compañías y proveedores vinculados con las operaciones petroleras, además de procedimientos sancionatorios contra unas 60 personas físicas y jurídicas.
El fallo del 28 de noviembre no resolverá la soberanía de Malvinas, pero podría determinar si la Argentina consigue frenar judicialmente la explotación británica de petróleo. La apuesta de fondo es impedir que Londres consolide, mediante una actividad económica de gran escala, una situación de hecho sobre recursos naturales cuya titularidad continúa en disputa.