El ex jefe de Gabinete tenía plazo hasta el martes para dar respuesta a las preguntas del fiscal Gerardo Pollicita. Si el descargo no cierra, el caso puede avanzar hacia una indagatoria.
Manuel Adorni presentó ante la Justicia la justificación de su patrimonio en la causa por presunto enriquecimiento ilícito
El ex jefe de Gabinete Manuel Adorni presentó ante la Justicia sus explicaciones sobre la evolución de su patrimonio y respondió los 20 puntos que había planteado el fiscal federal Gerardo Pollicita en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
En un escrito de 78 carillas, la defensa sostuvo que los movimientos patrimoniales de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, tienen respaldo documental y contable. Según planteó, no existe un incremento patrimonial que no pueda ser explicado.
Uno de los principales puntos abordados fue el origen de los dólares que el ex funcionario declaró tener en efectivo. La defensa aseguró que se trata de ahorros provenientes de operaciones con Bitcoin realizadas entre 2017 y 2018, varios años antes de que Adorni ingresara a la función pública.
De acuerdo con la presentación, ocho billeteras de criptomonedas habrían generado un total de USD591.544,61. La defensa sostuvo que las claves privadas correspondientes a esas cuentas fueron acreditadas mediante un acta notarial.
El abogado Matías Ledesma argumentó que se trataba de un activo preexistente al período en el que Adorni ejerció cargos públicos. Según la explicación presentada, las direcciones tuvieron movimientos entre octubre de 2014 y septiembre de 2018 y actualmente no conservarían saldo.
La defensa también señaló que la compra y posterior liquidación de los bitcoins se habría realizado mediante operaciones personales y pagos en efectivo, sin intervención de entidades financieras.
Una parte de esos dólares, según el escrito, permaneció fuera del sistema bancario. La presentación sostiene que fueron conservados en el domicilio que Adorni compartía con Angeletti y que otra porción fue reinvertida bajo una modalidad similar.
La investigación sobre la operatoria con criptomonedas forma parte de los puntos que Pollicita había pedido precisar. En agosto, el fiscal había requerido información sobre el origen de los fondos, los bienes y distintos movimientos patrimoniales del matrimonio.
Otro de los puntos centrales de la presentación está relacionado con la vivienda que Adorni y Angeletti tienen en el country Indio Cuá. El ex funcionario negó el monto de USD245.000 que había mencionado el contratista Matías Tabar durante su declaración judicial como costo de las refacciones de la propiedad.
Según la defensa, las obras demandaron en realidad USD175.000 y el dinero utilizado para afrontarlas salió de una cuenta bancaria de Adorni y correspondía a sus ahorros.
El escrito también cuestionó las cifras aportadas por Tabar. La defensa señaló que una de las planillas elaboradas por el contratista registra movimientos por USD 285.929, una cifra diferente tanto de los USD245.000 mencionados durante su declaración como de otros montos consignados en la documentación.
Las refacciones de la vivienda de Indio Cuá se encuentran entre los principales puntos que la fiscalía había incluido en el requerimiento de justificación patrimonial. El fiscal había tomado en cuenta la declaración del contratista y otras operaciones vinculadas con el inmueble.
En relación con la adquisición del lote en Indio Cuá, la defensa explicó que la operación se realizó por USD120.000. De ese monto, USD100.000 habrían sido financiados mediante un préstamo hipotecario garantizado con otro inmueble, mientras que los USD20.000 restantes fueron abonados en efectivo. La presentación indicó que ese dinero estaba bajo la custodia de Angeletti.
Además, la defensa hizo referencia a la tasa de ingreso al country, de USD5.000, que también fue contemplada dentro de la reconstrucción del flujo de fondos.
La causa analiza la evolución patrimonial de Adorni y su esposa desde diciembre de 2023, cuando el ex funcionario ingresó al Gobierno, hasta junio de 2026, cuando dejó la Jefatura de Gabinete.
El requerimiento de Pollicita se basó en un análisis de ingresos, gastos, bienes, deudas y otros movimientos financieros del grupo familiar. La fiscalía había detectado una diferencia de $43.068.549 entre los ingresos comprobados y los gastos registrados durante el período investigado, además de operaciones en dólares cuyo origen buscaba determinar.
Entre los puntos que el fiscal pidió aclarar también figuran préstamos atribuidos a familiares, operaciones inmobiliarias, gastos realizados con tarjetas de terceros, viajes y la operatoria con criptoactivos.
La defensa también reconstruyó cómo evolucionaron los ahorros en efectivo declarados por el matrimonio. Según el escrito, el monto pasó de USD513.000 al cierre de 2023 a USD388.961,52 a fines de 2024 y luego a USD209.961,52 al finalizar 2025.
La explicación presentada sostiene que parte de esos fondos fue destinada a la compra y refacción de la vivienda de Indio Cuá y a la adquisición de un departamento ubicado en la calle Miró, en la Ciudad de Buenos Aires.
La defensa también presentó declaraciones juradas rectificativas correspondientes a junio de 2026 y explicó que la incorporación de determinados activos y deudas buscó reflejar la participación de ambos integrantes del matrimonio.
Con la presentación, la defensa considera cumplido el requerimiento de justificación formulado por Pollicita. Ahora corresponde que la fiscalía analice la documentación y los argumentos aportados para determinar si resultan suficientes para explicar los movimientos patrimoniales cuestionados.
La investigación continúa bajo la órbita del fiscal federal Gerardo Pollicita y del juez federal Ariel Lijo. El requerimiento fiscal había advertido que, si las explicaciones no resultaban suficientes, la causa podría avanzar hacia nuevas medidas y eventualmente hacia una indagatoria.
