El Gobierno analiza alternativas para evitar que fracase el plan de ajuste y desregulación de Sturzenegger. La ley de administración financiera será uno de los argumentos para judicializar la derogación de los vetos y decretos por parte del Congreso
Javier Milei y ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, analizan qué hacer con las reformas del estado derogadas por el Congreso. Foto: Presidencia.
A una semana de la derogación de los 5 decretos de ajuste y desregulación del Estado por parte de la oposición en el Congreso, el Gobierno analiza distintas alternativas legales para evitar que fracase el plan del ministro Federico Sturzenegger. El ministro venía avanzando en una fuerte reestructuración del estado con más de 50.000 despidos de empleados y el cierre de más de 20 organismos públicos, entre ellos, Vialidad Nacional, el INTI o el INTA e institutos culturales.
Entre las alternativas que analizan está la de “judicializar” la derogación con el argumento de la ley de administración financiera que establece que para nuevos gastos tienen que ir con sus respectivos presupuestos. Así lo ratificó una alta fuente de la Casa Rosada a A24.com.
Otro de los argumentos que tomarán es el relacionado con el artículo 38 de la misma ley que define cuáles son las funciones del Poder Ejecutivo y del Legislativo. “El Congreso cometió un error con las derogaciones porque no puede legislar sobre la administración del Estado, porque esa es una función puramente a cargo del Poder Ejecutivo Nacional”, analizan en la cúspide del poder libertario.
Otro de los argumentos que evalúa la Secretaría Legal y Técnica de Presidencia y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, es que “los decretos firmados por Milei y buena parte del gabinete, se publicaron en el Boletín Oficial en el marco de las “facultades delegadas” por el Congreso en la Ley Bases sancionada en 2024.
De todas maneras, había incertidumbre en la Casa Rosada sobre los próximos pasos a seguir, sin tener que volver atrás con los cambios y ajustes ya realizados en el primer año y medio de Gobierno.
Lo que plantean en la Casa Rosada es que no hay antecedentes de cómo obrar administrativamente en el caso de decretos por facultades delegadas anulados: por eso no está claro qué hacer ni como seguir con las reformas que ya se aplicaron. “Se están evaluando alternativas”, reconocen.
Esto mismo analizan en el ministerio de Sturzenegger. “Se está evaluando el tema, viendo cómo queda configurado todo después de la derogación y ver las alternativas legales, qué margen de acción hay”, aclararon desde Desregulación.
Otra opción desde otra oficina de Balcarce 50 es avanzar en despidos y eliminación de estructuras organizativas con simples resoluciones administrativas. Algo así ya se hizo en Vialidad. “Vaciarlos de empleados, de funciones y de presupuesto, para que quede como una cáscara vacía, era otra opción”, dicen en Gobierno.
Cerca del Presidente confirman a este medio, que a pesar del clima enrarecido por el escándalo de los audios de las coimas en la ANDIS, “no hubo un cambio de opinión” sobre la ratificación del veto a la ley de Emergencia en Discapacidad y que persiste la idea anunciada por el propio Milei, de judicializar el conflicto con la oposición en el Congreso.
En la Casa Rosada ratificaron además la decisión de acudir a la justicia, a través de la Procuración General del Tesoro, para rechazar la Emergencia en Discapacidad, ratificada la semana pasada por el Congreso, al considerar “inaplicable” por la falta de presupuesto, un argumento que justamente rechaza la oposición en el Congreso.
“Hay leyes que se tornan abstractas de imposible cumplimiento. El Gobierno tiene la determinación de decir que esta ley es de imposible cumplimiento. Se evalúa que la Procuración del Tesoro presentación judicial por la ley de administración financiera, porque no hay partidas para cumplirlo”, indicaron en el Gobierno.
En cuanto al anuncio del vocero Manuel Adorni, que la semana pasada mientras se debatía la ley de Emergencia en Discapacidad en el Congreso, dijo que el Gobierno evaluaba aumentos a los prestadores, ahora, en la Casa Rosada aclaran que “el aumento a los prestadores dependerá de lo que ahorre de la baja de pensiones otorgadas por mecanismos irregulares, como estudios médicos truchados.
Pero eso admiten, llevará mucho tiempo, ya que a ese ahorro se va a llegar después de realizar una detallada auditoría sobre el 1.300.000 de pensiones activas, sobre las cuales se pedirá a los beneficiarios que vuelvan a presentar estudios médicos actualizados para comprobar que realmente tienen alguna necesidad.
Además, el gobierno decidió esta semana, en medio del escándalo por las coimas en ANDIS, pasar el organismo autárquico que actualmente depende de Presidencia, a la órbita del Ministerio de Salud, que pasará a controlar todos los procesos de licitaciones y compras.
En declaraciones a periodistas acreditados en Casa Rosada, este miércoles, el ministro de Salud, Mario Lugones, dijo que antes de avanzar en los cambios en ANDIS espera el resultado de la auditoria y del sumario interno que investiga posibles actos de corrupción.
