En tanto, los otros cuatro decretos delegados son los que abarcan la “transformación” del -reconocido y respetado- Banco Nacional de Datos Genéticos; la “disolución” de Vialidad Nacional; la eliminación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo, así como de modificaciones profundas en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y entidades culturales.
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El jefe libertario en el Senado, Ezequiel Atauche, junto a su colega de bancada y presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala.
La última votación del bloque era sobre la disolución y transformación de los organismos como Vialidad Nacional que estaban bajo la órbita del Ministerio de Transporte. Finalmente, con 60 negativos, 10 afirmativos y una abstención, el Senado rechazó el decreto del Gobierno.
Votaciones
*INTA e INTI: 60 rechazos, nueve afirmativos y una abstención.
*Organismos de cultura: 57 rechazos, 13 afirmativos y una abstención.
*Banco de Datos Genéticos: 58 rechazos, 12 afirmativos y una abstención.
*Marina Mercante: 55 rechazos, 13 afirmativos y tres abstenciones.
*Vialidad: 50 rechazos, 10 afirmativos y una abstención.
Universidades: el debate por el financiamiento
El financiamiento universitario se transformó en ley con 58 votos a favor, diez en contra y tres abstenciones. Los legisladores que se abstuvieron fueron Andrea Cristina, Victoria Huala (ambas, del PRO) y Juan Carlos Romero (Provincias Unidas).
El proyecto sancionado prevé una recomposición presupuestaria de gastos de funcionamiento de las universidades nacionales ajustada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2024, con actualizaciones bimestrales a lo largo de 2025.
Además, obliga al Poder Ejecutivo a actualizar los salarios de docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la entrada en vigencia de la ley en un nivel que no sea inferior a la inflación acumulada. También ordena convocar a una paritaria universitaria con carácter obligatorio en un plazo máximo de tres meses, con aumentos mensuales que acompañen la evolución de los precios.
La propuesta incluye, a su vez, la recomposición de todos los programas de becas estudiantiles vigentes desde diciembre del año pasado y garantiza los créditos presupuestarios para sostener su continuidad.