A tres meses del inicio de la cuarentena y con un panorama que muchos vaticinan como desolador por el avance de la pandemia de coronavirus si no se vuelve a endurecer la cuarentena, el presidente Alberto Fernández enfrenta su propio debate interno entre sostener su estilo moderado buscando equilibrios, y la confrontación más característica de la política kirchnerista.
En la búsqueda de ese equilibrio interno en la alianza gobernante, Alberto tomó esta semana decisiones hacia uno y otro lado de la grieta, poniéndose al frente del anuncio de la expropiación de la cerealera Vicentin, que le trajo los peores recuerdos del conflicto con el campo en 2008, cuando era jefe de Gabinete de Cristina Kichner y refrendó la polémica resolución 125 que aumentó las retenciones a las exportaciones.
Sobre la noche del viernes el Gobierno aceptó una idea del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, para dejar de lado la idea de la expropiación y pasar a una intervención con participación de nación y la provincia. Si bien la nueva idea fue difundida incluso por el equipo de comunicación del Presidente, sobre la madrugada del sábado Alberto emitió un enigmático tweet cuestionando al juez que había bloqueado la intervención.
Como un Deja Vu, Alberto enfrenta este sábado su primer acto por el día de la Bandera como presidente, pero sin acto presencial en el histórico monumento a la Bandera de Rosario. Formalmente, canceló el viaje porque la pandemia lo obligó a cumplir la cuarentena sin moverse ahora de la residencia de Olivos para no correr riesgos; pero además lo esperaba , si iba, una protesta del campo que amenazaba volver a encender la mecha de la discordia con las provincias agrícolas como Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, que convocaron a la primera marcha masiva contra su gobierno.
Con las banderas en defensa de la propiedad privada, las entidades rurales mostrarán su enojo hacia el Gobierno por la decisión de expropiar una empresa que la Casa Rosada considera en derecho porque acusa a sus dueños de cometer delitos económicos y perjudicar al Estado.
A la Casa Rosada, o mejor dicho al kirchnerismo en este caso, le fallaron los cálculos, cuando pensaron que las banderas populares de la expropiación en defensa de los pequeños productores estafados por Vicentin le iban a dar legitimidad a una medida que terminó siendo contraproducente para la imagen moderada que supo construir en los primeros seis meses de Gobierno el Presidente.
La profundización de la crisis económica por la larga cuarentena volvió a poner este fin de semana a Alberto en otro dilema que espera compartir con los gobernadores para escapar de la imagen de un gobierno autoritario, y apelar a la busqueda de consensos:
¿Cómo endurecer la cuarentena después de 3 meses con la sociedad al borde del colapso por la caída de la actividad económica y los ingresos? ¿Es la única salida volver a la primera etapa de cuarentena rígida para no caer en el tan temido "colapso sanitario"?.
"No quiero contar muertos, quiero contar vidas", volvió a repetir este viernes el Presidente en un reportaje a la radio Nacional y la TV pública en una nueva apelación a todos los argentinos para que "entiendan que aislarse es la única forma de detener al virus".
En esa búsqueda zigzagueante por retomar la moderación, Alberto les pidió esta vez ayuda a los gobernadores para que sean ellos los que tomen la decisión, antes de que el Gobierno nacional finalmente anuncie un eventual regreso a la Fase 1 de la cuarentena.
O como dijo el propio Presidente, la cuarentena absoluta, con el cierre de todos los comercios y fábricas, y garantizar apenas los servicios básicos como cuando todo empezó, el 19 de marzo.
El anuncio y las formas fueron debatidos en La Plata donde por primera vez Axel Kicillof ofició de anfitrión ante el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, para unificar criterios en la Sala de Situación del AMBA, la zona que concentra el 96% de los contagios.
Mientras, la Casa Rosada mostró el apoyo al retroceso de la cuarentena de una decena de gobernadores, entre ellos uno de los más opositores, el radical Gerardo Morales, de Jujuy, que en las últimas horas tuvo que retroceder en la fase de la cuarentena ante un rebrote de casos.
El inflexible ministro de Economía, Martín Guzmán, es la cara de la propuesta y el estilo inflexible en defensa de la soberanía económica y los intereses del país, al señalar que "no se puede pagar por los próximos 3 años". La prioridad es que Argentina crezca "y no pagar la deuda a costa de los jubilados o mayor pobreza", repite.
Alberto mantuvo la misma postura, pero llegó hasta última hora sobre el vencimiento del plazo de las negociaciones, con la postura de querer acordar y buscar una propuesta "alternativa". No romper, es la consigna, y busca para eso el apoyo del G-20, el FMI y el Vaticano para evitar que Argentina vuelva a ser vista como "el país que no cumple".
Más allá de que la palabra tan temida: "default" sea declarada oficialmente, el Presidente admite que "estamos en cesación de pagos desde el 10 de diciembre" cuando Mauricio Macri le dejó su proyecto para "reperfilar la deuda".
En las últimas horas, volvió a surgir de boca del Presidente, el concepto de "soberanía alimentaria", aunque sin dar mayores detalles, volvió a explicar -más allá de la empresa Vicentin- la obligación del Estado de garantizar el alimento y el buen funcionamiento del mercado de los alimentos para los argentinos.
En el medio, desde Casa Rosada surgió una nueva batería de medidas destinadas a sostener los subsidios del Estado a casi el 90% del sector privado de la economía. En ese marco, preparan una gran moratoria para deudores impositivos de la AFIP que sería anunciada esta semana.
Alberto busca quedar como el Presidente que puso todo para sostener el sistema sanitario, productivo y el empleo en la peor crisis de la historia, según palabras del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero en su primer informe ante el Senado, en seis meses, custodiado por la vicepresidenta, Cristina Kirchner.
"Ya habrá tiempo para pensar en como resolver el déficit y la economía", volvió a repetir Fernández mientras en La Plata se terminaban de definir los próximos pasos de la cuarentena.
Viendo los rebrotes en países que habían dejado atrás el virus y relajaron sus cuarentenas, en los pasillos de la Casa Rosada algunos ya hablan de cuarentena hasta fin de año.
La Casa Rosada busca el consenso de los gobernadores antes de anunciar la vuelta a la Fase 1. Mientras, evalúa la tendencia de la curva de contagios, la velocidad de contagios y la ocupación de camas de terapia intensiva, endurece los controles en los transportes públicos.
Cuando el brote más fuerte de coronavirus se avecina, a tres meses del inicio del aislamiento obligatorio, el Presidente ordena endurecer la cuarentena pero no quiere quedar como un mandatario autoritario.
Por eso, el Gobierno se encargó de difundir en medios oficiales el apoyo de la mayoría de los gobernadores a la continuidad de la cuarentena.
"Sigo diciendo que comparto la decisión que ha tomado el presidente Alberto Fernández", sostuvo el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. En la misma línea expresaron su apoyo los gobernadores de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, de La Pampa, Sergio Ziliotto y de Entre Ríos, Gustavo Bordet.
Ahora, todo está en manos de Rodríguez Larreta y Axel Kicillof, y los datos sobre la evolución de la pandemia que registre la Sala de Situación del Area Metropolitana, que terminará de aconsejar si seguir como hasta ahora, o volver a la Fase 1 en la próxima semana.
