Nación y Ciudad acordaron cancelar la deuda acumulada durante el último año por Coparticipación

Las negociaciones comenzaron luego de los retrasos en las transferencias que debían realizarse en cumplimiento del acuerdo alcanzado el año pasado bajo supervisión judicial. En aquel entendimiento, el Gobierno nacional se comprometió a transferir a la Ciudad los fondos equivalentes al coeficiente del 1,55% reconocido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en una medida cautelar dictada a fines de 2022.

Ese porcentaje se sumaba al 1,4% que la Ciudad ya recibía automáticamente por coparticipación, por lo que el coeficiente total ascendía al 2,95%. El fallo de la Corte también establecía que las transferencias debían hacerse de manera diaria a través del Banco Nación.

Tras el acuerdo de septiembre de 2024, los pagos comenzaron a realizarse con normalidad durante los primeros meses. Sin embargo, a partir de julio las transferencias empezaron a ralentizarse y se acumuló una deuda que derivó en nuevas negociaciones entre funcionarios nacionales y porteños.

El nuevo acuerdo

Según informó la Ciudad en un comunicado, el Gobierno nacional aceptó transferir una cartera de bonos con vencimiento a siete meses para cubrir los montos adeudados.

La administración porteña destacó que la regularización de esta deuda ya estaba contemplada dentro del Presupuesto 2026 de la Ciudad. También destacó que el nuevo entendimiento fue alcanzado “mediante el diálogo constructivo entre las partes”.

Sin embargo, el nuevo acuerdo no contempla el pago de los U$S 6.000 millones que la administración porteña reclama por la reducción de recursos aplicada desde 2020.

De esta manera, el entendimiento anunciado ahora busca cerrar únicamente la deuda generada durante el último año por las demoras en las transferencias posteriores al acuerdo firmado en septiembre de 2024.

El inicio del conflicto

El conflicto por la coparticipación se inició en septiembre de 2020, cuando el entonces presidente Alberto Fernández dispuso mediante el Decreto 735/2020 una reducción del porcentaje de recursos asignados a la Ciudad de Buenos Aires, que pasó del 3,5% al 2,32%.

Posteriormente, el Congreso sancionó la Ley 27.606, que volvió a reducir el coeficiente hasta el 1,40%, además de establecer una suma fija destinada al área de Seguridad.

Por su parte, el Gobierno porteño cuestionó la decisión del gobierno nacional y presentó un reclamo judicial al considerar inconstitucional la quita de recursos. La disputa llegó hasta la Corte Suprema, que finalmente reconoció a la administración porteña el derecho a percibir el coeficiente del 1,55%.

Pese al fallo judicial, la gestión de Alberto Fernández nunca realizó las transferencias de acuerdo con lo establecido por la Corte. Incluso, la Ciudad había aceptado un pedido del Gobierno nacional para que los pagos se hicieran semanalmente desde el Tesoro nacional y no de manera diaria a través del Banco Nación, como indicaba la resolución judicial.