Organizaciones como el Foro Penal Venezolano advirtieron que las cifras difundidas por el gobierno de Delcy Rodríguez no siempre coinciden con las liberaciones efectivamente verificadas.
Familiares aguardan fuera del centro de detención El Rodeo a la espera de que liberen a los presos políticos. (Foto: Reuters)
Familiares y organizaciones de derechos humanos siguen con cautela las recientes liberaciones de presos políticos en Venezuela, luego de que el gobierno de Delcy Rodríguez informara la excarcelación de 116 detenidos. Distintas entidades advierten que las cifras oficiales no siempre coinciden con las liberaciones efectivamente verificadas y denuncian falta de información concreta sobre el proceso.
La desconfianza se apoya principalmente en los números difundidos por el chavismo. Según el Foro Penal Venezolano, organización que mantiene contacto directo con los detenidos y sus familias, existe una brecha recurrente entre los anuncios oficiales y las excarcelaciones que pueden confirmarse en los centros de detención.
El contraste se vuelve más evidente al comparar la situación actual con otros momentos recientes. Durante Navidad y Año Nuevo, Nicolás Maduro había ordenado liberaciones de mayor alcance, mientras que en los últimos días las excarcelaciones se produjeron de manera limitada y sin un cronograma público, pese a las expectativas generadas tras la intervención de los Estados Unidos.
La oposición venezolana observa el proceso con especial recelo. Uno de los principales cuestionamientos es que las liberaciones no implican el cierre de las causas judiciales. En muchos casos, los expedientes siguen abiertos, pese a haber sido denunciados como armados o carentes de sustento legal. Desde ese espacio reclaman que las excarcelaciones no sean medidas transitorias, sino que incluyan el cierre definitivo de los procesos judiciales.
En distintos puntos del país, la escena se repite. Familiares de detenidos permanecen en vigilia frente a los centros de detención, aguardando noticias que llegan de manera fragmentaria y, en general, a último momento. No existen listas oficiales de personas liberadas ni un cronograma anunciado, lo que convierte la espera en una experiencia cargada de angustia e incertidumbre.
En la práctica, los llamados oficiales suelen producirse apenas minutos antes de las excarcelaciones, sin confirmaciones previas ni previsibilidad. Esa modalidad refuerza la percepción de arbitrariedad y profundiza el desgaste emocional de las familias.
A este escenario se suma la interna del propio régimen. Organizaciones y allegados a los detenidos advierten que existen disputas entre distintos sectores del poder por el control de los presos políticos, lo que condiciona el proceso de liberaciones.
Un caso señalado es el del ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello. Aunque su peso político se redujo tras la reciente reconfiguración del poder, busca mantener capacidad de negociación y relevancia interna a través del manejo de los presos políticos. Esa puja agrega un nuevo factor de incertidumbre a un proceso que, lejos de ofrecer garantías, continúa envuelto en opacidad y desconfianza.
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