Ximena de Tezanos Pinto, de “Republicanos Unidos”, le reprocha un delito derivado de la supuesta violencia de género. ¿Se viene un nuevo dolor de cabeza para Alberto Fernández?
Alberto Fernández con la vecina de Cristina Kirchner (Foto: A24)
La vecina pituca que vive en el piso de arriba de Cristina Fernández de Kirchner también denunció al expresidente Alberto Fernández por “abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionario público”. Es una derivación de la denuncia por violencia de género de su ex pareja Fabiola Yáñez.
Ximena de Tezanos Pinto firmó, junto con otros militantes políticos, la denuncia “por el daño que dicha conducta podría haber infligido a la administración pública, a las instituciones de la República, a la confianza pública y, en general, a nuestro sistema constitucional”.
La vecina de Cristina Kirchner integra la agrupación Republicanos Unidos, que encabeza el abogado José Lucas Magioncalda, y con otra media docena de suscriptores radicó la denuncia que quedó registrada con el número CFP 3115/2024 y recayó por sorteo en el juzgado a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi.
“La eventual agresión física a su pareja, por parte del denunciado, de haber existido, constituiría un hecho ilícito que, en principio, por acción o por omisión, habría gozado de la protección de quienes custodian al Presidente y su familia, todos ellos funcionarios que estaban a las órdenes del propio Presidente de la Nación”, destaca la denuncia.
El escrito no se refiere al hecho en sí por el que Yáñez denunció a Fernández sino a un supuesto delito de acción pública derivado de esa situación, puesto que el episodio en cuestión “habría ocurrido al amparo de un edificio público que había sido puesto al servicio del Primer Mandatario como vivienda, pero no como aguantadero para la comisión de ilícitos”.
La conducta de Fernández, según la presentación, “constituiría la vulneración de elementales normas de ética pública de carácter legal y reglamentario, tales como el deber de utilizar la función y los bienes asignados al denunciado con fines lícitos y sin abusar de ellos para la comisión de ilícitos, el deber de rectitud, de evitar acciones que desprestigien la función pública y de llevar adelante una conducta digna y decorosa”.
Al mismo tiempo, la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, que ya había denunciado al expresidente por violencia de género, le envió una carta al decano de la Facultad de Derecho de la UBA, Leandro Vergara, pidiéndole que suspenda a Alberto Fernández como docente y le prohíba acercarse a 500 metros de esa casa de altos estudios.
La misiva, firmada por Fernando Míguez –un oportunista que se percibe como “investigador y analista geopolítico internacional”- reclamó la suspensión “ante la gravedad de los hechos que tienen al día de la fecha conmovida a la sociedad Argentina e Internacional”.
La nota recuerda que “la UBA cuenta con un protocolo específico para abordar situaciones de acoso, violencia sexual y discriminación basada en género, orientación sexual, identidad y expresión de género” y subraya que la institución “se enfrenta a la primera denuncia de violencia de género contra uno de sus docentes que ha llegado a la Justicia”.
