El jefe de Gabinete enfrenta un pedido de desplazamiento de un grupo de diputados que lo acusa de una falta grave: incumplir la ley votada por el Parlamento. Los argumentos de defensa del funcionario y qué puede pasar con la ley de Discapacidad.
El Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, salió a responder al pedido de un grupo de diputados para desplazarlo del cargo (Foto: archivo).
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, salió a rechazar el pedido de moción de censura en su contra por parte de un grupo de diputados del bloque opositor Encuentro Federal, y aunque no está de acuerdo, dijo que asistirá al Congreso si deciden interpelarlo.
Los legisladores acusan al funcionario de no aplicar la ley de Emergencia en Discapacidad sancionada la semana pasada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo, pero que al mismo tiempo fue puesta en “suspenso” porque supuestamente no está definido de dónde saldrán las partidas presupuestarias para su financiamiento.
Francos reconoció que los diputados “están en su derecho” de debatir una moción de censura en su contra, una iniciativa que en caso de reunir mayoría simple podría derivar en la destitución del cargo.
Sin embargo, el jefe de Gabinete defendió la decisión del Poder Ejecutivo porque “falta que el Congreso diga cuáles son las fuentes para darle cumplimiento a la ley”.
“Que el Congreso diga cuáles son las partidas presupuestarias para cumplir la ley” de Discapacidad, reclamó el funcionario de Milei en declaraciones radiales este martes.
Aunque no está de acuerdo con el emplazamiento, Francos dijo que asistirá al Congreso si deciden interpelarlo: “Estoy dispuesto a ir al Congreso si me convocan para una interpelación. Igualmente, estos proyectos deben ser tratados en comisiones y en el pleno de la Cámara, aprobados por mayorías. Después pueden hasta censurarme, destituirme, o hacer una moción de censura sin destituirme”, dijo el jefe de ministros de Milei a radio Mitre.
Diputados nacionales de Encuentro Federal, encabezados por Oscar Agost Carreño, presentaron el lunes una moción de censura para remover de su cargo al jefe de Gabinete. De esta manera, el ministro coordinador podría ser destituido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las cámaras legislativas, conforme el artículo 101 de la Constitución Nacional.
Para remover a Francos, si la oposición logra fundar razonablemente sus acusaciones, apenas necesitaría la mayoría absoluta de votos, un objetivo alcanzable.
Francos replicó las acusaciones de los diputados con otra acusación al Congreso por violar la Ley de Administración Financiera. Según explicó, “cuando se sanciona una norma deben estar establecidas las partidas presupuestarias que se necesitan para darle cumplimiento”.
Se trata del argumento que desde un principio viene esgrimiendo el Gobierno al momento en que la oposición empezó a debatir la ley de Discapacidad y otras normas vetadas por el presidente Javier Milei, que implican un aumento de gastos que la administración libertaria asegura no poder cumplir por falta de recursos presupuestarios.
Francos se defendió al señalar que desde el Ejecutivo “promulgamos la ley en término, como corresponde. El Congreso insistió y no nos queda más remedio que promulgarla. Pero la Ley 24.156, en su artículo 38, dice que cuando se sanciona una norma deben estar establecidas las partidas presupuestarias que se necesitan para darle cumplimiento”.
En declaraciones radiales, Francos sostuvo este martes que si no se hubiera suspendido la aplicación de la norma aprobada por el Congreso “me podían denunciar por incumplimiento de funcionario público, porque no estoy cumpliendo con el artículo 5.º de esta ley que dice que si no están las partidas la ley queda suspendida”.
A modo de estrategia, la Casa Rosada propone negociar las partidas de Discapacidad en la Ley de Presupuesto 2026 que comenzará a ser tratada este miércoles en Comisión de Presupuesto de Diputados, lo mismo que otras leyes vetadas por Milei, como el financiamiento universitario y la coparticipación automática de fondos ATN a las provincias.
“El Gobierno rompió el Estado de derecho”, sentenció el diputado Agost Carreño en la red social X sobre la suspensión de la implementación de la ley 27.793, ratificada por ambas cámaras del Congreso.
La interpelación y moción de censura contra Francos lleva la firma de diputados del bloque que preside Miguel Pichetto, como Nicolás Massot, Emilio Monzó, Mónica Fein, Margarita Stolbizer y Esteban Paulón.
Acusan a Francos no solo de incumplir la ley de Discapacidad y no reasignar las partidas conforme a la ley promulgada, sino también por “dictar decretos nulos e inconstitucionales” y “violar la división de poderes del Estado.
Por su parte, el diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro sostuvo que “con el Decreto 681/2025, el Presidente (Javier Milei) incurre en nulidad absoluta”, ya que “pretende inventar un procedimiento nuevo para la sanción y aplicación de las leyes, algo que la Constitución no permite”.
“La Ley de Emergencia en Discapacidad (27.793) es clara: el Jefe de Gabinete, conforme a sus atribuciones legales, debe asignar y/o reasignar partidas presupuestarias para garantizar su cumplimiento. No puede excusarse. La ley lo obliga a priorizar y reorganizar el presupuesto para dar respuesta a las personas con discapacidad. Basta de excusas y de maniobras inconstitucionales. Cumplan la ley”, cerró Ferraro en X.