Según detallaron, “el Presidente vetó el proyecto referido en último término lo que motivó la insistencia de ambas cámaras mediante su aprobación con las mayorías reglamentarias”. Y añadieron que “la ley 27.793 fue promulgada en el día de la fecha mediante el Decreto 681/25 con un condicionante inaudita, ilegal e inconstitucional, puesto que suspende su aplicación hasta tanto este Congreso incluya las partidas correspondientes en el Presupuesto General. Se aduce que ello se hace de conformidad con lo establecido por el artículo 5° de la Ley N°24.629”.
“El Decreto 681/25 es nulo de nulidad absoluta, no existe resorte constitucional que contemple la opción de ‘devolver’ al Congreso una ley sancionada, forma parte de la vocación del Ejecutivo de continuar gobernando discrecionalmente y sin ‘la molestia’ de este Congreso”, agregaron.
Los legisladores también cuestionaron el manejo de las cuentas públicas: “Ello resulta de un cinismo manifiesto considerando que el Gobierno actual viene gestionando de un modo absolutamente discrecional la asignación de los recursos ya que no ha propiciado la sanción de un solo presupuesto gobernando todos estos años mediante prórrogas del correspondiente al año 2023”.
En cuanto a la Ley de Emergencia en Discapacidad, subrayaron: “Se aprobó una ley, el Presidente la vetó y el Congreso logró imponer su insistencia. El Jefe de Gabinete debe inexorablemente cumplir con la Constitución sin más trámites. Si no lo hace, se genera un conflicto de poderes en lo político, pero a la vez se genera un conflicto jurídico. Para esos casos la misma Constitución prevé la interpelación y moción de censura, que es lo que se está promoviendo en esta iniciativa”.