“El GCBA como responsable de la gestión del servicio eléctrico en los barrios populares, ha evitado brindar soluciones concretas a la problemática, manteniendo una situación de precariedad en el estado de las instalaciones y tendido de la red pública, que resulta considerablemente de peor calidad y mucho más riesgosa que en los barrios formalmente integrados de la CABA”, dice el amparo
En el mismo sentido, Soledad Alonso, referenta de INTA, explicó que la presentación judicial permite “la visibilización de que nuestro barrio no está urbanizado. Aunque para el Gobierno en 2008 esta era la villa modelo, esto demuestra lo contrario”. A su vez, Valeria González, Presidenta de la Asociación Civil Vecinas Unidas, afirmó que el amparo es fruto del trabajo colectivo de recolección de reclamos, “incluidos los de los incendios del 2022 hasta hace un mes, cuando ocurrió el último”. “Este amparo es histórico y necesitamos seguir trabajando para que se cumpla y ejecute”.