La protesta de los prestadores de servicios de salud. (Foto: archivo)
Luego de varios días de marchas y reclamos por parte de las organizaciones de personas con discapacidad por falta de pagos, la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación emitió un comunicado aclarando la situación al respecto: “No existe ningún recorte presupuestario ni tampoco decisión de ajuste alguno por parte del gobierno nacional”.
Con el fin de aclarar y despejar cualquier tipo de inquietudes ante quienes recalaman un ajuste del Gobierno, la entidad que se encarga de coordinar los pagos aclaró: “Para esta administración es de suma importancia hacer llegar la voz oficial, y por sobre todo la tranquilidad a todas las personas con discapacidad y a sus familiares, como así también a todos los prestadores de que no hay ni va a haber decisión política que vaya en detrimento de sus derechos”.
Fuentes de la Superintendencia indicaron a A24.com que “no hay ningún ajuste, pero sí existe una demora en los pagos por un problema interno de la AFIP. Los pagos deberían estar normalizándose”. Agregaron también que “hay una demora porque algunas obras sociales, una vez que reciben la plata, tienen hasta 60 días para efectuar los pagos correspondientes. Y a su vez, las obras sociales les pagan a los centros médicos, y se produce otra demora hasta que los médicos reciben sus pagos”.
La postura del Gobierno “ha sido siempre en favor de acompañar a las personas con discapacidad. Es por ello que, desde el 2019 a la fecha se aumentó en un 320% el valor de las prestaciones”, aclara la Superintendencia en su mensaje.
El comunicado indica que con respecto al último período facturado correspondiente a junio y que se encuentra en proceso de pago, del total de Obras Sociales:
-216 ya percibieron el 100%
-16 recibieron entre un 99% y un 50%
-12 de ellas entre un 49% y un 30%
-13 recibieron entre un 29% y un 0%
Además, informaron que “mensualmente se destinan $10.000.000.000 a 93 mil beneficiarios con discapacidad, para el pago de dichas prestaciones”.
En relación a los periodos 2020, 2021 y 2022, la entidad informa que “validó 60.000 facturas mensuales de 45.000 prestadores. Esto implica un total de 1.900.000 facturas, de las cuales solamente 3.000 fueron reclamadas por los prestadores, lo que equivale al 0,15% del total”.
Por último, el comunicado aclara que “el organismo regula a las Obras Sociales nacionales y prepagas. Se encuentran excluidas de nuestra órbita las obras sociales provinciales, de los poderes judiciales y legislativos, como así también de las Fuerzas Armadas y Universidades Nacionales”.
