Reforma laboral: las ART reclaman cambios para morigerar la industria del juicio

El problema es que hoy los peritos son externos, actúan sin supervisión y establecen los porcentajes de incapacidad según criterios propios y cobran honorarios vinculados al resultado del juicio. Y lo más llamativo es que sus honorarios se fijan como porcentaje de la indemnización que cobran los empleados demandantes. Por lo tanto, el incentivo del perito no está puesto en decir la verdad sino en "inflar" (muchas veces artificialmente) el monto de la discapacidad.

"Sus honorarios se establecen como porcentaje de las indemnizaciones. El resultado: una multiplicación sistemática de juicios con montos que constituyen un aliciente a la judicialidad, elevando los costos laborales, atentando contra la formalización y haciendo colapsar al sistema de ART, que protege tanto a empresas como a trabajadores", explicaron desde la UART.

Bajan los accidentes, crece la litigiosidad

Argentina lidera los índices de judicialización por riesgos del trabajo, con una tasa 15 veces superior a la de España y 21 veces mayor que la de Chile, a pesar de tener una accidentabilidad similar y mayores prestaciones. Según proyecciones, este año se iniciarán más de 130.000 demandas, superando el récord histórico.

La paradoja, señaló la UART, es que mientras los accidentes y muertes laborales disminuyen, los juicios por enfermedades o dolencias continúan en ascenso, muchas veces sin aval de las Comisiones Médicas. En el caso de la lumbalgia, por ejemplo, suele no haber incapacidad determinada administrativamente, pero los peritos judiciales le asignan en promedio un 14% de incapacidad definitiva.

“Los adicionales y la arbitrariedad de los peritos judiciales llevó a las ART a enfrentar una avalancha de demandas que tramitan en los juzgados laborales y pagos indemnizatorios carentes de lógica”, alertó la cámara.

En cambio, los Cuerpos Médicos Forenses previstos en la ley -y que no están funcionando- deberían trabajar con peritos designados por concurso, parámetros objetivos y un sistema de remuneración que no dependa del monto del juicio.

El gobierno nacional anunció que impulsará una reforma laboral orientada a la formalización del empleo, como parte del Pacto de Mayo. Para la UART, el sistema de ART representa un antecedente relevante: una normativa bien diseñada puede fracasar si no se controla su implementación.

En 2017, la Ley 27.348 buscó contener la litigiosidad fortaleciendo las Comisiones Médicas y ofreciendo asesoramiento gratuito al trabajador. Aunque en un primer momento los juicios disminuyeron, el esquema fue rápidamente vulnerado mediante nuevas vías de judicialización, volviendo a niveles históricos de conflictividad.

“Una buena ley, sin implementación adecuada en la justicia, agrava el problema”, sostuvo Bettiol. La UART insiste en que cualquier reforma que apunte a mejorar el mercado laboral debe contemplar mecanismos eficaces para evitar que los incentivos judiciales distorsionen el sistema.