En algunas provincias, las alícuotas de percepción pueden ser notablemente más elevadas que en otras, lo que provoca una discriminación de precios real para el consumidor final; de hecho, esta desigualdad también afecta a los comercios que utilizan pasarelas de pago digitales. En este sentido, para aliviar esta carga, se han tomado medidas, entre ellas, una ley que baja impuestos y beneficia al sector de pagos digitales y billeteras virtuales, teniendo como objetivo que las nuevas regulaciones promuevan la formalización sin asfixiar al pequeño contribuyente con retenciones excesivas.
Delivery y transporte, la batalla legal por las calles
Si los impuestos provocan confusión, la regulación de aplicaciones para el transporte y delivery crea una auténtica división geográfica; cabe destacar que Mendoza fue la primera en regular a Uber y Cabify a nivel provincial, estableciendo un marco legal que les confiere una licencia de operación explícita. No obstante, en ciudades como Córdoba o Buenos Aires, la disputa continúa siendo municipio por municipio, con decisiones judiciales que fluctúan y una sensación de ilegalidad persistente a pesar del uso masivo por parte de los vecinos.
Por otro lado, para el usuario, la ausencia de una regulación unificada implica que, al cruzar la General Paz o el puente que conecta Corrientes con Resistencia, los requisitos de seguridad del conductor, los procedimientos de reclamación y la cobertura del seguro se modifican radicalmente. Evidentemente, la falta de certeza jurídica desanima a las plataformas a invertir en determinadas áreas, lo que deja a ciudades enteras sin servicios que hoy son esenciales para la movilidad urbana.
La protección del consumidor en el entorno virtual
La protección del consumidor es otro de los aspectos que se ve afectado por esta disparidad, y es que, pese a que hay una legislación nacional en vigor, la implementación y rapidez de los entes reguladores dependen de cada administración provincial. De hecho, el organismo oficial de Defensa del Consumidor recibe reclamos de todas partes del país, pero la capacidad de resolución efectiva suele quedar en manos de las oficinas locales (OMIC), que no siempre cuentan con el personal capacitado para lidiar con los términos y condiciones de empresas tecnológicas globales.
Cabe destacar que esto provoca que un reclamo por una compra fallida en un marketplace nacional tenga tiempos de respuesta muy diferentes si vivís en Salta o en Tierra del Fuego. Este conglomerado de detalles deja en evidencia que el acceso a la justicia digital se vuelve entonces una cuestión de código postal, algo que contradice la naturaleza misma de internet, que supuestamente venía a borrar las distancias.
El camino hacia una armonización necesaria es inminente
La pregunta que se plantean tanto expertos como usuarios es si Argentina puede sostener este modelo de 24 reguladores distintos para un mercado digital que es, por definición, único; de hecho, la Cámara Argentina de Fintech y otras entidades sectoriales vienen reclamando una "armonización tributaria y regulatoria" que permita que las plataformas operen con las mismas reglas de juego en todo el territorio.
El desconcierto que experimenta el usuario en la actualidad es tan grande que no sabe si su banco le cobrará un recargo adicional, si la aplicación de delivery tiene permiso en su barrio o si el sitio de entretenimiento donde se registró cumple con las normas de su lotería provincial. Evidentemente, este es un indicativo de un sistema analógico intentando gestionar un mundo binario. Y, sin una voluntad política de coordinar estas regulaciones, el mapa digital argentino seguirá siendo un laberinto en el que, desafortunadamente, el usuario es quien más se pierde.
