El Congreso modificó la norma legal que hacía virtualmente inaplicable un "estado de excepción". Ahora, el Presidente puede disponer de medidas excepcionales para enfrentar a los manifestantes.
El Congreso modificó la norma sobre el "estado de excepción" en Bolivia (Foto Reuters)
“Aquí hay dos facciones: el pueblo boliviano y los terroristas”. Así de terminante fue el presidente Rodrigo Paz Pereira. Envalentonado porque el Congreso Nacional le dio un elemento clave: modificó la ley que le permite declarar el "estado de emergencia".
Bolivia atraviesa uno de los momentos de mayor tensión política desde la llegada de Rodrigo Paz al poder. En medio de protestas, bloqueos y enfrentamientos en distintas regiones del país, el presidente promulgó una ley que elimina la norma que regulaba los estados de excepción y, al mismo tiempo, el Congreso lo autorizó a desplegar a las Fuerzas Armadas para intentar recuperar el control de la situación.
La decisión se produjo tras la aprobación parlamentaria de la abrogación de la llamada “Ley Copa”, una norma sancionada en 2020 que establecía límites y procedimientos para declarar estados de excepción en Bolivia. Sus críticos sostenían que dificultaba la reacción del Ejecutivo ante crisis graves. Con la nueva medida, Paz recupera mayores facultades para actuar frente al conflicto social que mantiene parcialmente paralizado al país.
El Congreso también habilitó al mandatario a desplegar militares en apoyo de las fuerzas de seguridad y avanzar hacia una eventual declaración formal de estado de excepción. El gobierno argumenta que la medida busca garantizar el libre tránsito, asegurar el abastecimiento y contener los disturbios que llevan casi cuatro semanas.
La crisis boliviana se agravó por bloqueos impulsados por sectores sindicales, campesinos y grupos afines al ex presidente Evo Morales, que reclaman la renuncia de Paz y rechazan sus medidas económicas, entre ellas la reducción de subsidios a los combustibles. La situación provocó escasez de alimentos, combustible y medicamentos en ciudades como La Paz y El Alto.
Mientras parte de la oposición apoyó la eliminación de la ley, otros dirigentes advirtieron que el nuevo escenario podría derivar en abusos de poder y una mayor militarización del conflicto. Organismos de derechos humanos y sectores de la Iglesia pidieron evitar una escalada represiva y reclamaron diálogo político urgente.
El presidente boliviano tiene un respaldo institucional importante del Congreso. Ahora puede disponer de la "ley de excepción" para promover recursos extraordinarios enfocados en hacer cesar los estados de sublevación que promueven desde las movilizaciones de fuerzas de seguridad hasta la participación de las fuerzas armadas.
La eliminación de la Ley 1341 en Bolivia le devuelve al presidente Rodrigo Paz mayores facultades para actuar durante situaciones de crisis interna, protestas masivas o disturbios, porque esa norma limitaba cómo podía aplicarse el estado de excepción.
En términos prácticos, el Ejecutivo podría ahora:
Es una serie de medidas que pueden asimilarse a determinados aspectos del "estado de sitio". Por eso los sectores oficialistas sostienen que la derogación “restituye facultades constitucionales” al presidente frente a una situación que consideran cercana a una conmoción interna.
En cambio, la oposición teme que el Ejecutivo gane herramientas demasiado amplias en medio de la crisis. Son los elementos habían sido derogados o restringidos al máximo en los 20 años de gobierno del masismo en Bolivia.
Bolivia atraviesa un mes de bloqueos, escasez de combustibles, problemas de abastecimiento y tensión política creciente ligada a sectores cercanos a Evo Morales.
La derogación no crea un “superpoder”, pero sí reduce restricciones y controles específicos que tenía el presidente para declarar y aplicar medidas excepcionales durante una crisis.
Mientras el mandatario se siente con las maños libres para poder enfrentar a los grupos más violentos, también dice que llegó el momento de su promesa de los primeros días de bloqueo a La Paz. En paralelo a la derogación de la Ley 1341 y al endurecimiento del discurso oficial frente a los bloqueos, el presidente Rodrigo Paz puso en marcha otro eje de su estrategia política: la instalación de un Consejo Económico y Social destinado a abrir negociaciones con sectores movilizados y organizaciones sociales.
El encuentro comenzó este miércoles en La Paz con la participación de ministros, dirigentes y representantes sindicales, empresariales y regionales. El Gobierno busca mostrar que, mientras recupera herramientas legales para actuar ante la crisis, también intenta construir un canal institucional de diálogo para evitar una escalada mayor. El vocero presidencial José Luis Gálvez sostuvo que “la salida pasa por el diálogo, la concertación y el trabajo conjunto”, y afirmó que gran parte de las organizaciones convocadas confirmaron su presencia. El mandatario, por su parte, afirmó entonces que Bolivia atraviesa “un punto de inflexión” y necesita un gobierno “más ágil y cercano” a la población.
Pero sin perder de vista la frase más dura del mandatario: "es la democracia institucional o los secidiosos", según el presidente.