Highton, en tanto, en un voto concurrente con la mayoría, consideró que tanto la resolución de Anses N° 56/2018, como la de la secretaría de Seguridad Social N°1/2018, habían sido dictadas por dichos organismos sin tener la competencia para hacerlo.
Rosenkrantz, en cambio, consideró que la atribución de fijar el índice de actualización no es privativa del Poder Legislativo y que podía ejercerla el Poder Ejecutivo a través de la ANSES y la Secretaría de Seguridad Social.