Para los entendidos, estos hechos configuran un monstruo de tres patas que reúne las cualidades de desbloquear -por vía ilegal- valiosa información personal, servirse de ella para acceder a espiar a sus víctimas y disponer de los datos obtenidos para cometer estafas u otros delitos.
En tanto, para los integrantes de la justicia, podría ser también un modo de amedrentarlos, sobre todo en aquellos casos donde los judiciales tienen a cargo expedientes sensibles relacionados con la corrupción.
En la lista de los damnificados figuran: el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, sus colegas Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti; los integrantes del Tribunal Oral Federal 2 que condenó a Cristina Kirchner, Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu; dos miembros de la Cámara Federal de Casación, que tienen que revisar el veredicto de Vialidad, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos; los jueces de la Cámara Federal Pablo Bertuzzi y Roberto Boico, otros magistrados como Daniel Rafecas, los fiscales federales Franco Picardi, Carlos Stornelli y Gerardo Pollicita, entre otros.
La reacción de los Magistrados
El tema se viene recalentando por lo menos desde el año pasado, y llegó a tratarse el último miércoles durante el plenario del Consejo de la Magistratura, en la misma sesión en la que aprobaron 16 ternas destinadas a cubrir cargos en juzgados de primera instancia en lo Civil de Capital Federal.
El consejero por el estamento de los jueces, Diego Barroetaveña, propuso junto con su par del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, que se forme una Comisión para seguir de cerca las actuaciones relacionadas con la manipulación y desaparición de los sobres con las declaraciones juradas de los magistrados y funcionarios judiciales.
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Dijo que “de los que estamos acá en la mesa se abrieron los sobres de la consejera Agustina Díaz Cordero y de quién les habla, también de otros jueces, algunos colegas de la Cámara de Casación Penal y otros de primera instancia del fuero federal. Este es un hecho muy grave para todos nosotros”. El plenario estuvo de acuerdo con la iniciativa.
Por otro lado, en la causa que tramita en Comodoro Py, por la violación de las declaraciones juradas, el fiscal Ramiro González incorporó el Informe General de la Oficina de DDJJ Patrimoniales y el del Cuerpo de Auditores, remitidos por el Consejo de la Magistratura.
De estos análisis se desprende que desaparecieron 82 sobres que contenían documentación, sin constancias que expliquen ese faltante, mientras que otros 277 sobres presentaban signos de haber sido abiertos.
Al respecto, el Cuerpo de Auditores concluyó que las vulneraciones “resultan de indudable intervención humana para sobres presentados en el año 2019, con certezas para muchos de los sobres presentados en el año 2020, y dudas en los demás; y con dudas razonables sobre intervención de personas en las vulnerabilidades encontradas en los sobres presentados en el año 2021”.
Para la fiscalía “la información pública y privada que contienen los mismos es de tal sensibilidad que la difusión de su contenido puede poner en peligro tanto la seguridad como la integridad de los involucrados”.
Destacó que “han tomado estado público diferentes situaciones de injerencia a la intimidad de magistrados y funcionarios, cuyos datos podrían haber surgido de la filtración de la información contenida en las declaraciones juradas en cuestión”.
En este sentido, fuentes judiciales relacionaron este suceso con episodios que vinieron después, como por ejemplo el hallazgo de un paquete sospechoso frente al domicilio del Juez Jorge Gorini, integrante del TOF 2 que condenó a Cristina Kirchner en Vialidad.
También lo vincularon con una publicación que hizo el diputado nacional por el kirchnerismo, Rodolfo Tailhade, donde expuso las declaraciones juradas de los jueces Mariano Borinsky y Pablo Bertuzzi. A los pocos días ese video salió de circulación y Tailhade aclaró que eran DDJJ más antiguas que las desaparecidas.
Hackeo, robo de datos personales y arrepentidos
El conjunto de expedientes relacionados con el hackeo y robo de datos personales que incluye a jueces y fiscales, gira principalmente sobre tres ejes.
Por un lado, el caso ya mencionado que investiga la desaparición de las declaraciones juradas de los magistrados durante el fin de semana largo del 20 de junio del 2022, y que estaban guardadas en una oficina bajo custodia del Consejo de la Magistratura.
El otro eje es el robo de las tarjetas SIM, a través de la modalidad del hackeo que investiga la Fiscalía de Delitos y Contravenciones Informáticas (UFECI) a cargo de Daniela Dupuy, y que implicó la violación de 72 celulares, entre ellos los teléfonos de 15 magistrados, y el ex ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro.
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En este expediente hay seis imputados con domicilio en El Dorado, Misiones, por acceso indebido a una comunicación electrónica, daño informático, y difusión no autorizada de mensajes. Uno de ellos es el hacker Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, quien admitió haber intrusado los teléfonos de D'Alessandro y otras personas, para extraer los datos de la tarjeta SIM.
En paralelo, en el juzgado de Marcelo Martinez de Giorgi tramita la denuncia que presentó el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, por el robo de identidad para comprar cuatro líneas telefónicas a su nombre. Según pudo saber A24.com, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO), establece que las líneas a nombres de Rosatti se activaron desde un aparato, desde el que se detectó la conexión de otras líneas que tenía como supuestos titulares a Carlos Rosenkrantz, y a la jueza federal de Posadas, María Verónica Skanata.
Una maniobra parecida denunciaron el cortesano Ricardo Lorenzetti, los jueces del juicio de Vialidad Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, y los de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos.
La sospechosa coincidencia entre ambas pesquisas, es que los hechos se registraron en la localidad misionera de El Dorado. En los expedientes aún no se hallaron otros puntos de contacto, pero A24.com averiguó en Tribunales que a ninguno de los damnificados le llamaría la atención que se trate de una misma banda.
En la declaración indagatoria que prestó ante la UFECI el hacker Nuñes Pinheiro, de 22 años, admitió haber duplicado la tarjeta SIM de D'Alessandro. Relató que lo contactó un usuario de Telegram "Eljuanxd" para que realice ese "recupero". Necesitaba datos personales que obtuvo a través de la plataforma Nosis. Creó un perfil a nombre de “Nicanor Moreno Crotto” (mismo nombre que un excolaborador de Marcos Peña), con la información de Nosis, buscó acceder al RENAPER, a través del sitio Dark PFA.
Una vez recuperada la línea en el nuevo equipo, le avisó a su cliente, e inmediatamente después le llegó un código de Telegram para restablecer el usuario vinculado a la línea que había recuperado. Dicho código se lo pasó al usuario "Eljuanxd", quien a su vez le pidió otros "recuperos".
Por cada trabajo cobró unos $12.000 o $15.000 pesos con criptomonedas. Sin embargo, no pudo brindar la identidad del usuario que adquirió sus servicios.
Después de su confesión, Nuñes Pinheiro solicitó a la fiscalía que debido a su amplia colaboración “pueda ser tratado como arrepentido, teniendo en cuenta el artículo 43 del Código Penal, y la Ley del Arrepentido (Ley 27.304)”.
La filtración de los datos biométricos
El tercero de los ejes en este cúmulo de causas que preocupan a la justicia, surgió de la denuncia de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) con respecto al posible uso ilegítimo de los datos biométricos contenidos en la base del RENAPER (Registro Nacional de la Personas).
Para los afectados, se cierra el círculo porque a través del RENAPER, los delincuentes podrían haber accedido a información clave para favorecer el robo de las identidades, por ejemplo, el número de trámite de DNI (Documento Nacional de Identidad) que se supone es confidencial.
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La PIA estableció que desde computadoras del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se efectuaron casi 10 millones de consultas a la base del RENAPER, acerca de los datos biométricos de diferentes personas públicas (políticos, sindicalistas, dirigentes sociales, empresarios, fiscales, y jueces), en el marco del Convenio de Cooperación Técnica, entre los años 2019 y 2022.
Muchas de esas consultas podrían ser consideradas ilegítimas por dos razones. Primero porque el acuerdo sólo permitía acceder a los datos requeridos para la identificación por la Justicia. Y segundo porque muchas de esas consultas sospechosas se registraron durante el aislamiento obligatorio por el COVID-19, cuando según declaró el propio ex ministro Marcelo D'Alessandro “como producto de la pandemia en abril del 2020 se apagó el sistema de reconocimiento facial”.
Entre otras consideraciones, la PIA señaló que estas irregularidades tampoco llamaron la atención del RENAPER.como órgano encargadones del resguardo de los datos que tiene en su poder.
La presentación de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, recayó en el juzgado federal de Ariel Lijo. Le entregó una lista con algunos de los nombres consultados al RENAPER sin justificación.
A continuación transcribimos esta nómina, que no incluye a todos los integrantes del Poder Judicial afectados porque se trata de información sensible. No obstante se trata de 80 fiscales y más de 200 jueces, que fueron informados de las irregularidades detectadas.
- Enriqueta Estela Barnes de Carlotto (Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, 2 consultas)
- Eduardo Emilio Belliboni (dirigente del Polo Obrero, 14 consultas)
- Sergio Alejandro Berni (Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, 18 consultas)
- Roberto José Boico (Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, 1 consulta)
- Gabriela Fernanda Boquin (Fiscal General por ante la Cámara Nacional en lo Comercial, 4 consultas)
- Ángel Borello (dirigente social, 1 consulta)
- Myriam Bregman (Diputada Nacional, 3 consultas)
- Alejandro Pedro Bulgheroni (empresario, 3 consultas)
- Patricia Bullrich (presidenta del Partido Propuesta Republicana PRO, 18 consultas)
- Elisa María Avelina Carrió (referente de la Coalición Cívica ARI, 10 consultas)
- Eduardo Francisco Constantini (empresario, 2 consultas)
- Eduardo Enrique De Pedro (Ministro del Interior de la Nación, 3 consultas)
- Nicolás Del Caño (Diputado Nacional, 2 consultas)
- Eduardo Sergio Elsztain (empresario, 3 consultas)
- José Luis Espert (Diputado Nacional, 8 consultas)
- Dolores Etchevere (hermana del exministro de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere, 7 consultas)
- Eduardo Feinmann (periodista, 9 consultas)
- Alberto Ángel Fernández (Presidente de la Nación, 76 consultas)
- Cristina Elisabet Fernández (Vicepresidenta de la Nación, 226 consultas)
- Aníbal Domingo Fernández (Ministro de Seguridad de la Nación, 12 consultas)
- Marcos Eduardo Galperin (empresario, 6 consultas)
- Alejandra Magdalena Gils Carbó (ex Procuradora General de la Nación, 2 consultas)
- Juan Grabois (referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos, 22 consultas)
- Juan Carlos Hernández (Jefe de la Policía Federal, 10 consultas)
- Arshak Karhanyan (oficial desaparecido de la Policía de la CABA, 92 consultas)
- Axel Kicillof (Gobernador de la provincia de Buenos Aires, 24 consultas)
- Florencia Kirchner (hija de la Vicepresidenta de la Nación, 9 consultas)
- Máximo Carlos Kirchner (Diputado Nacional, 12 consultas)
- Rafael Klejzer (Director Nacional de Políticas Integradoras de la Nación, 8 consultas)
- Andrés Larroque (Ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, 1 consulta)
- Ricardo López Murphy (Diputado Nacional, 8 consultas)
- Héctor Horacio Magnetto (empresario, 2 consultas)
- Facundo Manes (Diputado Nacional, 1 consulta)
- Sergio Tomás Massa (Ministro de Economía, 3 consultas)
- Javier Gerardo Milei (Diputado Nacional, 32 consultas)
- Esmeralda Mitre (empresaria, 15 consultas)
- Gerardo Rubén Morales (Gobernador de la Provincia de Jujuy, 1 consulta)
- Joaquín Miguel Morales (periodista, 1 consulta)
- Pablo Hugo Moyano (dirigente sindical, 7 consultas)
- María Rosa Muiños (Defensora del Pueblo de la CABA, 3 consultas)
- Juan Manuel Olmos (Jefe de Asesores de la Presidencia de la Nación, 3 consultas)
- María Hebe Pastor de Bonafini (fundadora de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, 5 consultas)
- Paula Penacca (Diputada Nacional, 3 consultas)
- Jorge Gregorio Pérez Companc (empresario, 1 consulta)
- Miguel Ángel Pesce (Presidente del Banco Central de la República Argentina, 2 consultas)
- Franco Eduardo Picardi (Fiscal Federal, 2 consultas)
- Néstor Pitrola (dirigente del Partido Obrero, 1 consulta)
- Julio Juan Piumato (dirigente sindical, 1 consulta)
- Mariano Recalde (Senador Nacional, 1 consulta)
- Paolo Rocca (empresario, 2 consultas)
- Alberto Roemmers (empresario, 1 consulta)
- Alejandro Guillermo Roemmers (empresario, 13 consultas)
- Alfredo Pablo Roemmers (empresario, 2 consultas)
- Carlos Fernando Rosenkrantz (Ministro de la CSJN, 1 consulta)
- Hugo Arnoldo Sigman (empresario, 1 consulta)
- Vanesa Raquel Siley (Consejera de la Magistratura de la Nación, 2 consultas)
- Carlos Ernesto Stornelli (Fiscal Federal, 4 consultas)
- Gustavo Fabián Sylvestre (periodista, 9 consultas)
- Inés Mónica Weinberg (Presidenta del T.S.J de la CABA, 2 consultas)
- Emiliano Benjamin Yacobitti (Diputado Nacional, 3 consultas)
- Eugenio Raúl Zaffaroni (ex Ministro de la CSJN, 2 consultas)
