Ruta del dinero K: La Corte ya le decomisó a Lázaro Báez más de 200 mil dólares

El fallo estableció que, una vez firme la condena, debía ejecutarse el decomiso sobre todos los bienes embargados. Esa decisión fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal en febrero de 2023 y quedó definitivamente ratificada en mayo de 2025, cuando la Corte Suprema, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó los recursos presentados por los condenados.

Desde que la sentencia quedó firme, el proceso de recuperación de activos estuvo atravesado por controversias a partir del Decreto 575/2025, mediante el cual el Gobierno nacional creó un Consejo de Bienes Recuperados en el ámbito del Ministerio de Justicia, con el objetivo de supervisar esos activos.

La medida generó tensiones institucionales debido a que la Corte había definido que estos procedimientos deben quedar bajo la órbita de los jueces penales, como garantía de independencia judicial. En ese contexto, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) presentó una demanda al considerar que el decreto implicaba una intromisión en las competencias del Poder Judicial.

En octubre de este año, el juez federal Pablo Cayssials hizo lugar a una medida cautelar que suspendió la aplicación del decreto, al sostener que la norma modificaba de manera inconstitucional el sistema de administración de bienes ilícitos y afectaba la autonomía funcional y presupuestaria de la Corte Suprema.

La ruta del dinero K

Durante la etapa de instrucción, la Justicia determinó la existencia de una organización criminal que, entre diciembre de 2010 y abril de 2013, llevó adelante maniobras de lavado de dinero vinculadas principalmente a la empresa Austral Construcciones, controlada por Báez, a través de la financiera SGI. Ese esquema operó tanto en el país como en el exterior y permitió la expatriación de fondos de origen ilícito y su posterior reingreso por un total de USD 54.872.866,69.

La investigación estableció que el dinero depositado fuera del país ingresaba luego a cuentas de distintos bancos internacionales, en general ubicados en jurisdicciones con escasos controles fiscales, a nombre de otras personas jurídicas. Posteriormente se adquirieron bonos de deuda pública que fueron liquidados en el mercado local, simulando una inversión multimillonaria de una empresa fiduciaria suiza destinada a la compra de acciones de Austral Construcción S.A.

Además del episodio conocido como La Rosadita, el tribunal dio por probadas maniobras de lavado autónomas, como la compra de un campo en la provincia de Mendoza, la estancia El Carrizalejo, y de un departamento ubicado en la avenida Del Libertador, en la Ciudad de Buenos Aires, operaciones realizadas por Leonardo Fariña.

También se acreditaron el pago de los gastos de la fiesta de casamiento de Fariña con la modelo Karina Jelinek y la adquisición de vehículos de alta gama, entre ellos una Ferrari California, una BMW X6 y un Audi R8 Syder, con la intervención de Carlos Juan Molinari y Daniel Alejandro Bryn.