Segundo triunfo del Gobierno: Diputados dio media sanción a la baja de la edad de imputabilidad

La sesión continuó con el tratamiento del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, el cual fue ratificado por votación. El tratado aprobado en la Cámara de Diputados apunta a suprimir aranceles para más del 90% de las exportaciones del Mercosur y recorta las barreras de acceso para bienes industriales y tecnológicos de Europa.

El acuerdo comercial se firmó el 17 de enero pasado en Asunción, Paraguay (país que ejerce la presidencia pro tempore del Mercosur), en el marco de una ceremonia que tuvo la participación del presidente Javier Milei y de sus pares de Paraguay, Santiago Peña, y de Uruguay, Yamandú Orsi, y a la que se ausentó el presidente de Brasil, Lula da Silva.

El tratado comercial aún no puede implementarse porque el Parlamento Europeo decidió con la mayoría de los votos de sus integrantes la revisión por parte del Tribunal de Justicia de Europa para que analice su impacto y decida sobre su puesta en vigencia.

El festejo de la Oficina del Presidente

En un comunicado, la Oficina del Presidente remarcó que "durante más de cuarenta años la dirigencia política evitó enfrentar esta discusión" y señaló que en ese tiempo "se presentaron más de 37 proyectos de reforma sin que ninguno fuera tratado".

"Mientras tanto, la realidad avanzó: el delito se volvió más violento, más organizado y más precoz. Sin embargo, la ley permaneció anclada en otra época. La Argentina no puede seguir rigiéndose por normas pensadas para un país que ya no existe", reprochó.

En contraste, aseguró que "este proyecto pone fin a esa distorsión" y destacó que "establece un principio básico de cualquier sociedad ordenada: quien comete un delito debe responder ante la Justicia, independientemente de su edad".}

Además, defendió la iniciativa: "No se trata de perseguir jóvenes, se trata de reconocer una realidad que otros prefirieron negar durante décadas".

También manifestó el agradecimiento del presidente Javier Milei a los diputados que acompañaron esta media sanción por dar "una respuesta clara frente a una de las principales preocupaciones de los argentinos: la inseguridad". "El Gobierno Nacional confía en que el Senado de la Nación trate esta reforma con la urgencia que la situación exige, para que el fin de la impunidad sea una realidad", pidió.

"Un ciudadano de 14 años que participa en un delito comprende la gravedad de sus actos. Sostener lo contrario es subestimar a la sociedad y abandonar a las victimas", apuntó.

Inmediatamente después de la sanción de la Cámara baja, el jefe de Gabinete Manuel Adorni celebró en sus redes sociales: "Se le ha dado media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil. Un paso más cerca de terminar con la puerta giratoria: delito de adulto, pena de adulto. Dios bendiga a la República Argentina".

Por su parte, la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva remarcó: "Hoy el Congreso dio un paso decisivo para saldar una deuda con la sociedad. La baja de la edad de imputabilidad pone fin a la impunidad de los menores que cometen delitos graves y de quienes los utilizan como escudo" y completó: "Regla clara: el que las hace, las paga. Ley y orden".

Qué implica la reforma del Régimen Penal Juvenil

El principal cambio que impulsa el Gobierno es la baja de la edad de imputabilidad de 16 a los 14 años, con el objetivo de "fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social".

Para ello, propone capacitaciones, recreación y deportes, además de atención médica y de contención por adicciones. Se ofrece también velar "por la tutela efectiva de los derechos de las víctimas" y se habilitan "instancias de mediación con el adolescente imputado".

El dictamen libertario establece penas máximas de 15 años, con la posibilidad de libertad condicional al alcanzar los dos tercios de la condena. Cuando las condenas establecidas sean de hasta 3 años, se reemplazará la privación de la libertad por otras penalidades, como las amonestaciones; la prohibición del contacto con la víctima, conducción de vehículos, asistencia a determinados establecimientos recreativos y a la salida del país; la prestación del servicio a la comunidad; y la amonestación.

Una de las novedades del dictamen del Gobierno fue la oficialización de una partida presupuestaria para la implementación del proyecto, dispuesto en $23.739.155.303. Más de $20.000 millones se destinan a la Defensoría General de la Nación, para garantizar la legítima defensa de los jóvenes en conflicto con la ley.