Tarifas, inflación y la ley de etiquetado saludable: el "vamos viendo" de una Argentina donde no se salva nadie

La Argentina tiene un problema de largo plazo. La falta de planificación se ve en todos los ámbitos. No es solamente culpa de la pandemia y la crisis económica que ya lleva 10 años.

La improvisación están todos los niveles y todos los órdenes y el corto plazo siempre le gana al largo plazo. Para la mayor parte de la dirigencia política, el único pensamiento estratégico es la próxima elección (que siempre es en dos años) y nadie está dispuesto a pagar un costo político para tomar decisiones complicadas.

Los países desarrollados discuten sus sistemas jubilatorios, impositivos y regímenes electorales cada 20 años. La Argentina vuelve a discutirlos en cada nuevo gobierno.

Los países desarrollados plantean al inicio del año qué temas van a discutir sus congresos y fijan fechas de sanción con muchos meses de anticipación. En la Argentina es “vamos viendo” y la agenda depende del capricho (o la suerte) de algún legislador.

Mientras tanto, se patean debajo de la alfombra otros problemas y el Congreso discute algunos temas como si la sola voluntad de los legisladores fuera a cambiar la realidad.

Tarifas, el problema eterno

Nunca es buen momento para aumentar tarifas. El 97% de la tarifa de los trenes metropolitanos los paga el Estado con subsidios. Un informe reservado del Ministerio de Transporte revela que si se aumentaran un 300% las tarifas, solo se reducirían 0,4% esos subsidios. ¿Qué gobierno estaría dispuesto a pagar el costo político de aumentar 300% los trenes para ese ahorro tan chico? Pasemos a otro tema.

El Gobierno pospuso los aumentos de tarifas de servicios públicos para marzo o abril. En el caso del gas, eso implicaría que la facturación empezaría a correr en mayo y las facturas llegarían en julio, un mes antes de las PASO. ¿Quién en el Gobierno va a poner la firma para un aumento a días de las elecciones? ¿Quién se haría cargo de costo político de eso? Algunos sectores políticos del Frente de Todos apuntan a Martín Guzmán como el hombre que frenó la suba de las tarifas.

El ministro de Economía apuesta a que la incipiente reactivación se consolide y que eso haga más digerible para el bolsillo un aumento. Un tarifazo ahora quizás frena cualquier recuperación. Todo incomprobable. Tampoco es seguro que en abril no haya una segunda ola de contagios que entierre cualquier plan económico. Las vacunas no van a frenar el rebrote.

Pero Guzmán también sabe que políticamente no tiene margen para otro colapso ni para enfrentar otra crisis. Necesita patear todo para adelante para garantizar su supervivencia política. Hoy seguro que la situación no aguanta el tarifazo; en marzo, vemos. Lo que es seguro es que Guzmán no quiere ser Remes Lenicov; quiere ser Lavagna. Trabaja en el ministerio hasta altas horas de la noche con ese objetivo.

El devaluador que no quiere devaluar

Todos saben que no hay país posible de esta manera. Coincide Guzmán y coincide Remes Lenicov. Esta semana dio una charla en el Instituto de Estudios Estratégicos y Relaciones Internacionales (IEERI), del Círculo de Legisladores. El hombre que hizo la devaluación más importante de la historia reciente de la Argentina pide a gritos que no se haga otra devaluación y que se controle la inflación.

• “Hay que mejorar esa competitividad y no tener que estar devaluando para tener que exportar. La devaluación genera siempre caída de salarios”.

• “Lo primero es contener la inflación. Ningún país crece con una tasa de inflación de más del 20%. Desde el año 2011, con inflación superior al 20%, no crecemos nada”.

Más allá de ser un economista no alineado con ningún costado de la grieta (y de que se retiró de la política hace 10 años) Remes Lenicov tiene una mirada más macro de los problemas de la Argentina.

• “Hay un problema dirigencial en términos generales. Pero la dirigencia política es la que administra el Estado, dicta las leyes y nombra a los jueces. Es la mayor responsable”.

• “Se han convertido en estrategas para llegar al poder. Hoy en día, uno escucha hablar todo el tiempo de que están discutiendo la elección del año que viene”.

• “Estamos en una crisis descomunal y están planteando cómo se van a armar la lista. La política se ha convertido en una casta. Es el gobierno de los políticos más que de los ciudadanos, hay como una autodefensa…”

El Congreso y los debates sordos

El Congreso se acostumbró a debatir sin debatir. Los legisladores compiten por ver quién hace una ley más tribunera. Se perdió la vieja costumbre de recibir especialistas de todos los sectores para intentar sacar leyes de consenso. Algunas muestras:

El Congreso está discutiendo una ley de etiquetado saludable para poner etiquetas con advertencias a productos alimenticios supuestamente insalubres.

El proyecto original lo presentaron dos mendocinos, Julio Cobos y Anabel Fernández Sagasti, mano derecha de Cristina Kirchner en el Senado. El proyecto tenía problemas de redacción pero se sancionó igual. Algunas almas malas dicen que nadie se animó a decirle que "no" a Sagasti para no enojar a Cristina.

La ley fue militada por algunos cocineros y famosos defensores de la alimentación saludable. Pero tiene incongruencias que fueron denunciadas por las empresas, asociadas a la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL).

Si la ley sale como la media sanción del Senado:

• Una merienda de yogurt y un paquete de tostadas light va a recibir en su producto más etiquetas que el que merienda una Coca con un paquete de papas fritas.

• Una lata de choclo se llevaría el sello de que es un producto con altos niveles de azúcar y de grasas a pesar de no tener ni un gramo de azúcar agregado. El choclo tiene una cantidad de azúcar natural.

• Un sachet de leche descremada (imprescindible para la alimentación diaria, según el Ministerio de Salud) va a tener un sello de alto en grasas saturadas, sodio y azúcares.

• Fideos, arroz, polenta, avena, lentejas, harina integral van a figurar como “exceso de calorías”.

“Vamos a tener que poner a todos nuestros especialistas a pensar cómo evadir esta ley de alimentos en lugar de pensar cómo hacer alimentos más saludables”, explicaba una fuente del sector.

Nadie –ni siquiera las empresas- pueden estar en contra de que los consumidores tengan más información a la hora de consumir. Pero no queda claro el por qué del apuro: el Ministerio de Salud y Cancillería están intentando frenar el debate en Diputados.

Lo interesante de esto es que todavía no se convocó a las cámaras ni a las empresas productoras de alimentos para que den su opinión en el debate legislativo. “La industria aún espera la instancia de trabajo conjunto para debatir aspectos técnicos y así poder contar con la mirada del sector productivo”, se quejan las cámaras en un informe reservado que presentaron al Congreso esta semana.

En el Congreso se dan cada vez más este tipo de situaciones:

• La ley de paridad electoral (que obliga a intercalar en las listas un varón y una mujer) tuvo serios problemas de implementación y el tema siempre termina en la Justicia cuando hay que reemplazar a un legislador.

• La ley de teletrabajo se debatió sin tener en cuenta los aportes de las cámaras empresariales, aprovechando el boom del trabajo remoto en pandemia. La ley es tan rígida que prácticamente hace imposible que alguna empresa decida incorporar teletrabajadores.

• Algo parecido pasó con la ley del aborto. El Gobierno presentó un proyecto a mitad de noviembre y quiere que se sancione antes de fin de año, con muy poco debate. Es cierto que en 2018 hubo centenares de expositores a favor y en contra. Y que nada cambió demasiado en dos años. Pero no queda claro por qué no se le puede dar un poco más de tiempo de debate al tema. (Quienes leen esta columna saben que estoy a favor de la legalización, pero es una ley importante que no se debería impugnar por cuestiones metodológicas)

• La reforma jubilatoria. Se decidió en menos de un mes durante el gobierno de Macri. Ahora, se tomaron varios meses para discutir otra reforma, pero por decisión del bloque de senadores del Frente de Todos (léase, Cristina) en un día se cambió el proyecto que tanto tiempo había llevado elaborar. A Guzmán no le gustó el cambio.

Lecciones para conservar el poder

Para conservar el poder, la clase dirigente se acostumbró a legislar y gobernar para la tribuna. Casi sin mirada de largo plazo. Algunos, como si fueran a quedarse para siempre; otros con la sola mirada de la siguiente elección.

Mientras tanto, la Argentina hace 10 años está estancada; los índices de pobreza son cada vez más alarmantes; el año que viene probablemente vuelvan los barcos de gas y haya que volver a importar energía. Hay una crisis educativa sin precedentes y no hay ningún plan de desarrollo a largo plazo.

"¿De verdad ustedes quieren volver a la normalidad?", se pregunta constantemente Alberto Fernández en cada presentación. “Yo no quiero volver a la normalidad. La pandemia nos da la oportunidad de construir otra normalidad. Una Argentina para todos y que no deje a nadie en la vereda”, dice.

Aunque no queda claro cómo va a conseguir ese objetivo.

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