A través del Boletín Oficial, la Casa Rosada dejó sin efecto las modificaciones introducidas en organismos clave que habían sido rechazadas en el Parlamento. El Ejecutivo argumentó que buscó “dar certidumbre jurídica”.
Tras el rechazo del Congreso, el Gobierno restableció medidas que había derogado por decreto
El Gobierno nacional oficializó este miércoles, mediante la publicación de los decretos 627/2025 y 628/2025 en el Boletín Oficial, la restitución de la vigencia de normativas que habían sido derogadas o modificadas a través de distintos Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) firmados por Javier Milei en los últimos meses. Estas disposiciones habían sido rechazadas por el Congreso, lo que generó un escenario de incertidumbre legal que ahora el Ejecutivo busca disipar.
Según el texto oficial, se restituyeron las normas que habían sido modificadas por los decretos 345/25, 351/25, 461/25 y 462/25, entre otros, y que incluían cambios profundos en la estructura de organismos públicos como Vialidad Nacional, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
“Restitúyese la plena vigencia de las disposiciones normativas que fueron derogadas, sustituidas o modificadas (…) y que se encontraban vigentes al momento del dictado de cada uno de ellos”, detalla la resolución.
Además, otro decreto firmado por todos los ministros del gabinete dejó sin efecto las modificaciones introducidas por el DNU 340/2025, con lo cual el alcance de la restitución incluye a varios organismos que el propio Gobierno había calificado en su momento como “ineficientes”.
En los considerandos, la Casa Rosada justificó la decisión al señalar que el rechazo de los decretos en el Congreso colocó a la Administración Pública frente a un panorama de “incertidumbre jurídica”, afectando la seguridad y previsibilidad del ordenamiento legal.
“El escenario generaba dificultades en la implementación de políticas públicas, limitaba la actuación y habilitaba interpretaciones contradictorias o discrecionales en desmedro de la previsibilidad que reclama la sociedad en su conjunto”, advirtió el Gobierno.
En ese marco, sostuvo que era “necesario y urgente” restituir la plena vigencia de las disposiciones previas, con el objetivo de garantizar la continuidad operativa de los organismos del Estado.
“Es responsabilidad del Poder Ejecutivo salvaguardar el orden jurídico y garantizar el adecuado funcionamiento de la Administración Pública, máxime en circunstancias que comprometen el ejercicio de funciones de notoria relevancia”, expresa el decreto.
Las normas restituidas habían sido parte del paquete de reformas administrativas que Milei impulsó en el marco de las facultades delegadas. Sin embargo, en agosto pasado el Congreso rechazó esas disposiciones, en una de las derrotas políticas más significativas del oficialismo en lo que va de 2025.
Entre las medidas cuestionadas se encontraban modificaciones en la estructura y competencias de Vialidad Nacional, del INTI y del INTA, organismos con fuerte presencia en la obra pública, el desarrollo industrial y el sector agropecuario. El oficialismo había argumentado que los cambios buscaban “optimizar recursos y mejorar la eficiencia”, pero la oposición denunció que en realidad se trataba de un “vaciamiento institucional”.
Tras ese revés legislativo, el Ejecutivo se vio obligado a retroceder. No obstante, en el texto oficial aclaró que la decisión se tomó para “dar certidumbre y estabilidad” respecto al marco jurídico aplicable a dichos organismos, y no como un cambio en su diagnóstico sobre el funcionamiento del Estado.
Con esta medida, el Gobierno retrotrae la situación al escenario previo a los decretos rechazados, aunque no descarta insistir en el futuro con nuevas iniciativas para reformar los organismos. En la práctica, la restitución garantiza que Vialidad Nacional, el INTI y el INTA mantengan su configuración institucional anterior, lo que implica un alivio para los trabajadores y directivos de esas dependencias, que habían expresado preocupación por la falta de claridad jurídica.
