La imputación más grave es la de “acoso sexual y laboral”, en supuesto perjuicio de una empleada identificada con nombre de fantasía como “Andrea”.
La denuncia subraya la “línea de desigualdad” que “existe entre el agresor y la víctima” pues se registra “una notoria diferencia de edad, disparidad académica, económica, de fuerza física y disponibilidad de recursos de toda índole”. La gremial destaca la situación de vulnerabilidad de la empleada, hija de un camionero (situación que el juez le habría hecho notar en tono peyorativo), su carácter de trabajadora interina, su necesidad de ese empleo para subsistir y su condición de estudiante de derecho, primera generación universitaria en su familia.
Cinco formas de violencia de género
“El acoso que padeció Andrea concentra las cinco formas de violencia de género, a saber: la física, la psicológica, la sexual, la económica y patrimonial y la simbólica”, subraya el texto presentado por la gremial.
Esa forma de violencia, añade la presentación, incluyó contactos a través de redes sociales y el envío de fotografías por ese medio durante fines de semana.
A esa situación se suma la denuncia de un jefe de despacho ya jubilado, quien consignó que en el estilo de trabajo del magistrado “cada empleado se autofinancia los insumos y recursos necesarios para realizar sus tareas mientras el juez, al parecer, destinaba los fondos y demás recursos asignados para el juzgado a gastos de funcionamiento de su asociación”.
La organización en cuestión es la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, que preside Maraniello y –según AEPJN- integran en diferentes roles y funciones el presidente de la Corte y del Consejo, Horacio Rosatti; el consejero juez Alberto Lugones; la consejera abogada Jimena De la Torre y el secretario de la Comisión de Acusación del cuerpo, Andrés García. A todos ellos, la gremial les pidió que no intervengan en el pedido de juicio político contra Maraniello, por temor de parcialidad.
El uso de fondos oficiales
“Los fondos asignados por el Consejo de la Magistratura y destinados a cubrir necesidades propias de los órganos jurisdiccionales a cargo de Maraniello fueron redireccionados para cubrir gastos de otra índole y propios de la actividad de la asociación que él preside y no aquellos para los que fueron previamente asignados”, sostiene la denuncia, firmada por el secretario general y el adjunto de la AEPJN, Gonzalo Martínez Salum y Jorge Insaurralde Taján.
El escrito también le cuestiona a Maraniello de haber mantenido “una conversación con un empleados del juzgado a su cargo en términos ridiculizan tés e infantiles, comparándolo con un indigente o indicándole la compra que tenía que hacer y para lo cual le habría dicho: 'saca con la tarjetita de crédito, hace un esfuercito'”.
“Es sin duda un comportamiento inadecuado para un magistrado, que adquiere gravedad aún mayor cuando sus palabras se convierten en intimidatorias". Por caso, el empleado en cuestión vive en la localidad bonaerense de Vicente López y el juez, de acuerdo con la denuncia, se ufana de tener una estrecha relación con las autoridades de ese municipio.
El texto también refiere a una situación de maltrato laboral respecto de un empleado que, por una patología que padece, tiene desaconsejado trabajar presencialmente en el juzgado, pese a lo cual se le impuso la “obligación” de concurrir.
