Si bien dentro de las diez medidas económicas anunciadas en el día de ayer por el ministro de Economía Luis Caputo no se hizo referencia a las jubilaciones, trascendió que en busca del equilibrio fiscal el gobierno tratará de modificar la actual fórmula de movilidad.
Debido a que esta fórmula se rige por ley, la propuesta de derogación deberá ser enviada al Congreso de la Nación. Según el gobierno, el mecanismo de actualización vigente no permite alcanzar la estabilidad de las cuentas públicas y, además, no consiguió proteger el poder de compra de los haberes. En ese sentido, la pretensión es modificarlo por incrementos aleatorios determinados por el Poder Ejecutivo en base a su propio criterio.
A través de la actualización trimestral por Ley de Movilidad no solo se ajustan los haberes de jubilados y pensionados, sino también otras prestaciones sociales dependientes de la ANSES como Asignación Universal por Hijo (AUH), Familiar por Hijo, por Embarazo y Asignaciones de Pago Unico.
El último incremento fue dado para este mes de diciembre y rige hasta febrero de 2024, con un 20,87%.
La Ley de Movilidad Previsional que determina los ajustes de los haberes, establece un porcentaje de incremento trimestral, determinado por la variación de un índice que surge de sumar 50% del aumento trimestral de la recaudación de la Anses por beneficiario y 50% de la variación de los salarios. Para este último ítem, se toma el mayor valor entre el Ripte (Remuneración Imponible para el Trabajador Estable) y el índice general de salarios del Indec.
Con su diseño actual, la fórmula rige desde 2021, tras la modificación impulsada por el Gobierno de Alberto Fernández sobre lo sancionado en 2017 durante la gestión de Mauricio Macri. En ese caso, la fórmula se regía en un 70% en base a la inflación y el 30% en base a los salarios. Ante el avance de la inflación, constante desde entonces, ni uno ni otro mecanismo han conseguido que los haberes previsionales no pierdan poder adquisitivo frente a los incrementos de precios.
