El Programa Acompañar, que se encontraba bajo la órbita del Ministerio de Justicia, ha sido objeto de críticas desde que se produjo el cambio de gestión. Las beneficiarias han denunciado la falta de liquidaciones desde que la cartera asumió el control, dejando en vilo a mujeres e integrantes del colectivo LGBT+ que dependen de este apoyo para sobrellevar situaciones de violencia de género.
Con la nueva normativa, el gobierno ha dictaminado que las prestaciones se reducirán a un máximo de tres meses, dejando de lado las seis cuotas semestrales que se liquidaban anteriormente. Además, las nuevas altas en el programa han sido suspendidas, lo que ha profundizado la incertidumbre entre las personas afectadas.
A pesar de los reclamos judiciales que buscan regularizar la situación, todavía no hay novedades sobre cuándo se reanudarán los pagos adeudados o si se resolverán los problemas administrativos que han dejado a tantas personas sin este apoyo vital.
Uno de los cambios más significativos introducidos por el decreto es la exigencia de una denuncia policial o judicial para acceder al beneficio, un requisito que no se contemplaba anteriormente. Este endurecimiento de las condiciones ha generado polémica, ya que muchas personas en situación de violencia podrían encontrar difícil o riesgoso realizar una denuncia formal.
