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Además, ni siquiera contaban con la vestimenta adecuada y llegaban a calzar sandalias incluso durante el frío del invierno. Uno de los episodios que ahora se estudia es el de un joven que como consecuencia de un percance se rajó la garganta con un gancho y fue obligado a decir en el hospital que se trató de un accidente doméstico.
Los cabecillas de la trama investigados son italianos y pertenecen a la familia Coli, propietaria de la hacienda vinícola Coli Spa, situada en Tavernelle Val di Pesa. Están acusados de utilizar a refugiados, en su mayor parte procedentes de África, y de explotarlos en los viñedos de los que salen los vinos toscanos. Para captarlos, contaban con un grupo de paquistaníes que reclutaban a los solicitantes de asilo necesitados de ingresos. Cada día, los llevaban de madrugada en camiones hasta los campos en los que tenían que trabajar.
La fiscalía ya ha dispuesto medidas cautelares contra los 11 principales sospechosos, acusados de crear una asociación delictiva dirigida a cometer infinidad de delitos, como reclutar a ciudadanos no comunitarios y explotarlos de manera ilegal, además de delitos de estafa, emisión de facturas falsas, fraude y obstaculizar la investigación.
Los sucesos comenzaron a investigarse en 2015, cuando dos jóvenes llegados de África denunciaron a la policía que había medio centenar de inmigrantes indocumentados trabajando de manera ilegal en distintas empresas agrícolas de la zona.
Además de todos los delitos de abuso laboral y contratación ilegal, en esta gran operación en las provincias italianas de Prato, Florencia, Módena y Perugia también se investiga si los vinos que vendían estas empresas, los famosos Chianti, estaban adulterados y si su producción podría haber recibido subvenciones públicas.
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