La familia de una víctima de femicidio debe pagar $450.000 porque el asesino es insolvente
A través de una publicación en redes sociales la hermana de Vanesa Castillo, la docente víctima de femicidio en 2018 en Alto Verde, en Santa Fe, dio a conocer que deberán pagar ellos las costas del juicio ya que el femicida fue declarado insolvente. El monto asciende a $457.000.
El femicida de Vanesa, Juan Ramón Cano, fue sentenciado y condenado a prisión perpetua en 2020 y la sentencia, a su vez, le ordenaba asumir las costas del juicio y de la apelación, pero al declararse insolvente dicho monto deberá ser asumido por la familia de la víctima que inicio una campaña para que los ayuden a recaudar el dinero que la justicia reclama.
“Hoy somos víctimas de la encerrona de un sistema judicial que parece hecho para revictimizarnos”, expresó Silvia, la hermana de Vanesa, en una publicación de Facebook, red social en la cual expuso que deben juntar 457 mil pesos a casi cuatro años del femicidio de su hermana.
“Tan perverso es el Sistema de Acceso a la Justicia, que hoy mí madre y yo nos encontramos en la situación de tener que afrontar las costas del juicio”, indicó en el posteo, que expone el conflicto en la ley de honorarios profesionales la cual prevé que se puede requerir el pago a la querella, independientemente de lo que diga la sentencia. Por lo que ahora le reclaman el pago a la familia Castillo.
“Hoy somos víctimas de la encerrona de un sistema judicial que parece hecho para revictimizarnos, para quebrarnos de cualquier manera. El crimen de Vanesa no alcanza justicia y nos somete constantemente a injusticias. Por ende los abogados nos notificaron de la regulación de honorarios, que claramente tienen derecho a cobrar por el trabajo realizado. Pero nosotros no tenemos por qué ni cómo pagarlo”, señaló.
En un desesperado pedido de ayuda, la hermana de Vanesa, sostuvo: “Hemos aprendido que buscar justicia es un camino de injusticias avalado por la letra de la Ley. El Estado que garantiza la representación legal de la defensa del imputado, y deja solos a las familias de las víctimas”.
"Queremos sensibilizar a la ciudadanía, a las autoridades, gobernantes y legisladores que tienen el poder de cambiar esta situación, las familias de las víctimas necesitamos la representación legal otorgada por el Estado, tal como le es garantizado al imputado de cualquier delito o crimen. El feminicidio de la Seño Vanesa Castillo es un hecho tan, tan injusto que no deja de drenar injusticias. Quiero que mi hermana Vanesa descanse en paz, quiero sobrevivir a estas situaciones tan injustas y poder acompañar a mí sobrina a sobrellevar el dolor que la atraviesa”, concluyó la publicación de Silvia Castillo.
El 15 de febrero de 2018, la maestra iba camino a su casa en la localidad de Santa Rosa de Calchines, donde vivía con su hija de 11 años. Juan Ramón Cano se subió a su moto y, tras un forcejeo, le dio diez puñaladas a Vanesa hasta que la mató.
En ese momento, la mujer cayó herida a la calle y fue atendida por los vecinos del barrio que escucharon los gritos, pero llegó sin vida al Hospital José María Cullen.
Después de asesinarla, Cano corrió una cuadra y media para esconderse en la casa de su mamá. Sin embargo, la Policía de Santa Fe lo encontró y lo detuvo.
