Judiciales

La Justicia hizo lugar a un amparo de propietarios contra un importante barrio privado de Canning

Es por unas obras que están paralizadas desde 2008. Advierten que el terreno está en "estado de abandono, desprotección y desidia". Además denuncian administración fraudulenta

La Justicia hizo lugar a un amparo de propietarios contra un importante barrio privado de Canning

La jueza en lo Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires, Gladys Cardoni dictó una medida cautelar para que un perito contador examine las cuentas del barrio cerrado Tiempos de Canning, luego de que un grupo de propietarios denunciara irregularidades en la entrega de sus lotes, en los títulos de propiedad y en la administración de los recursos. Los vecinos afirman que el proyecto, que se lanzó en 2008, presenta un “estado de abandono, desprotección y desidia”.

Este complejo, compuesto por tres barrios cerrados llamados “Aeris”, “Veris” y “Lacus”, cuenta con un total de 664 lotes. Aunque el emprendimiento comenzó hace 14 años, los compradores sostienen que solo se ha completado una primera etapa, y con muchas deficiencias, lo que ha generado gran malestar entre quienes apostaron por el proyecto.

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Reclamos de los compradores

"El master plan prometía un ambicioso complejo integrado por 3 barrios (Aeris, Veris y Lacus), un office center, un paseo comercial y pequeños apartamentos. El inicio fue prometedor y la primera etapa de loteo y obra auguraba un éxito rotundo", explicaba la denuncia original.

"Sin embargo, con el paso del tiempo, cambios en la cúpula directiva --fallecimiento del titular quedando a cargo el hijo-- comenzaron a generar demoras, que finalmente se convirtieron en extensos periodos de nulo crecimiento. La falta de seguridad, de recursos operativos internos, de correcta administración financiera, y muy especialmente la CONFUSIÓN PATRIMONIAL existente entre la desarrolladora y la administración del proyecto TDC, lo sumergieron en un estado de desprotección, abandono y desidia", sigue el escrito.

Entre las principales denuncias presentadas, los propietarios destacan la falta de finalización de las obras prometidas al momento de la compra de los terrenos.

Alegan que no se les entregó un boleto de cesión de posición fiduciaria, lo cual afecta su situación legal y la posibilidad de realizar una escrituración en el futuro. También advierten que el desarrollador no cumplió con la ley de propiedad horizontal, lo cual añade trabas legales a la situación.

Además, los vecinos cuestionan el uso de un reglamento interno de convivencia como base para el cobro de expensas, las cuales consideran excesivas y sin la transparencia debida.

Afirman que pagaron "sobreprecios" en contratos de seguridad durante años, sin que la administración haya aceptado modificar estos contratos a pesar de sus reiterados reclamos. Este conjunto de anomalías, según los propietarios, representa una "mala praxis administrativa".

Por otra parte, argumentan que la falta de infraestructura generó problemas de seguridad y logística en el barrio. Los denunciantes mencionan incendios, robos y dificultades para transitar en los días de lluvia, todos problemas que, sostienen, son consecuencia de la falta de terminación de las obras.

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Medida cautelar y designación de veedora

Ante la gravedad de estas denuncias, la jueza Cardoni fundamentó su resolución señalando que “las obras inconclusas afectan directamente la prestación de servicios esenciales como el agua, la luz, la comunicación, la circulación y la seguridad”.

Considerando la urgencia de la situación y la falta de canales adecuados para que los propietarios accedan a la información sobre el uso de los fondos y el progreso de las obras, la jueza determinó que se debía proceder con la auditoría solicitada para proteger los derechos de los compradores y evitar posibles demoras.

Como parte de la medida cautelar, se designó a una veedora, María Belén Sainz, para que supervise las transacciones de compras y ventas de la constructora. En su informe preliminar, Sainz advirtió que aún no ha podido acceder a los extractos bancarios necesarios para verificar los pagos que la empresa declaró haber efectuado, lo que impide hasta ahora comprobar la veracidad de los datos aportados por la constructora.

"De modo tal que corresponde hacer lugar a la medida impetrada y se designe un perito contador como VEEDOR JUDICIAL con el alcance ya mencionado al describir la medida, -sin ingerencia en la administraión-, para los barrios "VERIS", "AERIS" Y "LACUS" (arts.195, 222 y cc el CPCC) debiendo especialmente requerir información con la correspondiente exhibición de libros, respecto al estado actual del fideicomiso, infraestructura pendiente y existente y relación entre ésta última y las expensas fijadas", dice el fallo. .

Responsables señalados y presunta confusión patrimonial

Los vecinos responsabilizan de esta situación a Mariano Defelippis, presidente de Universal Business, y a Nora Solis, presidenta de Tierras de Canning S.A., las dos empresas que lideran el proyecto junto a Dreyer. Los propietarios también apuntan a la administradora Cosentino, acusándola de realizar gastos “desproporcionados” en expensas y de no brindar detalles claros sobre los mismos.

Finalmente, los compradores señalan una posible confusión patrimonial entre la desarrolladora y la administración del proyecto Tierras de Canning, una situación que, según ellos, contribuye al estado de abandono y desprotección en el que perciben que se encuentra el complejo.

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