Un reclamo en la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en el barrio porteño de Belgrano, terminó en incidentes y escenas de angustia. Empleados que reclaman mejoras salariales rompieron el vallado e ingresaron por la fuerza al edificio.
Todo comenzó cerca del mediodía, cuando trabajadores de distintas dependencias de la ANDIS se concentraron frente a las oficinas centrales para reclamar el pago de aumentos adeudados y la actualización de haberes. Durante los primeros minutos, la protesta se desarrolló con total normalidad: pancartas, cánticos y una asamblea improvisada para definir los pasos a seguir.
Sin embargo, la tensión creció cuando los manifestantes pidieron ingresar al edificio para dialogar con las autoridades. Al no recibir respuesta, algunos grupos comenzaron a forzar el acceso principal, derribando parte del vallado metálico que separa la entrada del público.
“Esto se desbordó, rompieron la entrada principal, el vallado de seguridad y ahora están entrando, rompiendo directamente las oficinas de una manera muy violenta”, relató la periodista de A24, testigo de la escena en vivo para un canal de televisión.
En ese momento había muy poco personal de seguridad en el lugar: apenas cinco o seis trabajadores administrativos, algunos de ellos encerrados en sus despachos, sin posibilidad de intervenir.
Los empleados de la Agencia Nacional de Discapacidad llevan meses reclamando por sueldos que no se actualizan desde principios de año. Muchos de ellos trabajan en atención directa a personas con discapacidad, gestionando pensiones, certificados y subsidios que quedaron atrasados por la falta de recursos.
“Son empleados de distintas dependencias, que trabajan en oficinas de todo el país y vinieron hoy a reclamar acá porque ya no pueden sostener más esta situación”, explicó la cronista, y agregó: “Pidieron ser recibidos para una mesa de negociación, pero frente a la negativa decidieron entrar”.
Uno de los delegados sindicales que encabezó la manifestación aseguró que la paciencia se agotó.
“Estamos trabajando sin aumento, con contratos precarizados y con compañeros que cobran menos de la canasta básica. Llevamos meses pidiendo una reunión con las autoridades, pero no nos escuchan. Hoy la gente explotó”, señaló.
Dentro del edificio, una de las funcionarias presentes se mostró completamente angustiada por lo ocurrido. Testigos relataron que rompió en llanto al ver cómo los manifestantes forzaban las puertas y avanzaban hacia el hall principal.
“La veo realmente conmovida, nerviosa”, narró la periodista desde el lugar: “Intenté acercarme, pero estaba en shock. Esto fue algo impensado: una protesta que comenzó en paz y terminó con destrozos”.
En medio del tumulto, algunos empleados intentaron mediar para que el reclamo no se desbordara. Pero el clima ya estaba fuera de control. Vidrios rotos, gritos, empujones y papeles por el suelo fueron parte del escenario en las oficinas de ANDIS durante varios minutos.
Entre los manifestantes se encontraba María Martínez, madre de dos hijos con discapacidad. Su historia reflejó la desesperación de muchas familias que dependen de los programas de asistencia del Estado.
“No podemos seguir viviendo esta situación. Mis hijos tienen recortes, tuve que tomar la obra social para que les dieran los medicamentos. No podemos seguir con esta angustia”, dijo entre lágrimas frente a las cámaras.
El reclamo de los familiares se suma al de los profesionales, que advierten que los recortes presupuestarios están afectando directamente la atención de miles de beneficiarios.
La Agencia Nacional de Discapacidad atraviesa una crisis profunda, con retrasos en los pagos a prestadores, recortes en programas de asistencia y falta de actualización salarial para su personal. En los últimos meses, gremios y asociaciones de profesionales denunciaron la parálisis de expedientes, demoras en la entrega de pensiones y dificultades para cubrir tratamientos y medicamentos.
Según trascendió, la protesta de Belgrano fue convocada de manera espontánea por empleados que ya habían participado en movilizaciones anteriores, pero que esta vez encontraron la negativa de los directivos para recibirlos.
Paola y Pablo, dos prestadores de un centro de día que brinda servicio a personas con discapacidad, dialogaron con Novaresio. La mujer explicó que el "centro de día es una prestación que se brinda de lunes a viernes en jornada extendida. Además de dar las actividades, las prestaciones, los talleres, los tratamientos, también da servicio de alimentación: desayuno, almuerzo y merienda" Paola detalló que reciben aproximadamente 30 mil pesos por día por cada una de las personas a la que asisten por la prestación de ese servicio.
Con un nivel de angustia que le impedía continuar con la conversación, Paola le pasó la palabra a su compañero Pablo. "Las prestaciones las regula la Andis nos exigen qué tenemos que dar, qué cantidad de profesionales, cuánta cantidad de gente podemos tener, qué espacio físico, y eso era un número. Ese número quedó atrás hace un año", sostuvo y reclamó que "además el porcentaje de aumento que hubo cuando asumió Milei del dinero que nos ingresa, no da".
"Por un lado, nos hablan de que nosotros somos deshonestos y por otro lado en nombre de esa deshonestidad están cometiendo ilícitos y están llevando todo el sistema al quiebre", reprochó en referencia al escándalo que salpica al organismo por los audios en los que su extitular, Diego Spagnuolo, se refiere a supuestas coimas.
Entre los presentes también se encontraba la actriz Valentina Bassi, reconocida por su participación activa en causas sociales y por su rol como madre de un joven con discapacidad. Bassi se convirtió en una de las voces visibles del reclamo, acompañando a los trabajadores y familiares que piden una respuesta urgente.
“Ella ha sido una referente en estas protestas, llevando adelante la voz del petitorio”, relató Mercedes Mora, cronista de A24. “Estaba aquí apoyando a los empleados y a las familias, cuando todo se descontroló”.
Desde la comunidad educativa y sanitaria, los reclamos apuntan también a la falta de contención psicológica y acompañamiento estatal para las familias y los profesionales que atienden casos complejos.
“Se han agotado todas las instancias de trabajo. No hay apego a los tratamientos, no hay respuesta institucional y los equipos están al límite”, señalaron fuentes internas.
Las asociaciones de padres y docentes pidieron un plan urgente de intervención integral, que incluya asistencia médica, acompañamiento psicológico y refuerzo presupuestario para garantizar la continuidad de los servicios.
