El debate por el aborto no quedó agotado con el rechazo del Senado a la legalización: la reforma del Código Penal –que todavía se encuentra en estado de borrador- abrió otra ventana a la discusión y encendió la alarma del amplio y heterogéneo movimiento feminista, que advierte que algunos de los cambios en el tratamiento del aborto son “claramente regresivos”.

Según el borrador de la reforma -que trascendió las últimas semanas por distintos medios de comunicación- el nuevo Código incluye la jurisprudencia del Fallo FAL sobre aborto no punible cuando el embarazo provenga de un abuso sexual, por lo que reemplaza la referencia actual a la "violación o atentado al pudor cometido sobre mujer idiota o demente".

Otro de los cambios que establece es que cuando no existieran esas causales (que además de violación incluyen la del riesgo para la salud física o mental de la mujer) la pena de prisión será de 1 a 3 años y será el juez quien podrá disponer que la pena sea dejada en suspenso o no.

Aunque en las últimas semanas, el presidente Mauricio Macri y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, dejaron entrever que la reforma podría avanzar hacia la despenalización, a través de la eliminación total del artículo 88 del Código que establece la pena de prisión para las mujeres que accedan a un aborto, nada de eso figura en el borrador que trascendió.

Según pudo saber A24.COM, el Gobierno decidió postergar la presentación de la reforma –prevista originalmente para el martes pasado- por diferencias entre un sector de Cambiemos, que quiere la despenalización para darle una respuesta a las miles de mujeres que se manifestaron durante los últimos meses a favor de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE); y la Comisión Redactora del nuevo Código que preside el juez Mariano Borinsky, y que deja la penalización a discreción del juez.

Qué dice el movimiento feminista.  Entre borradores y trascendidos, el movimiento coincide en que la eventual despenalización no va a frenar el reclamo por la legalización. “Si uno lo ve como un puntapié inicial que después habilite a la legalización, está bien; si uno lo ve como un paliativo para que el Gobierno diga ‘hicimos algo’, entonces no”, sentenció la bioeticista Laura Belli.

Para Patricia Bustamante, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, el borrador de la reforma del Código Penal “plantea una regresividad en los derechos” de las mujeres que quieren interrumpir su embarazo. “Es más grave que el código que teníamos en 1921”, advirtió.

En este sentido, precisó que según lo que trascendió,  en la causa de violación “se pone directamente la figura del ‘abuso sexual’ en forma amplia”, pero “no recepta bien el Fallo FAL” porque no puntualiza en que no es necesaria una orden judicial para interrumpir el embarazo.

Además, alertó que en la reforma “se arma la figura del 'aborto culposo', que es muy gravosa y hay que poner todas las alarmas en eso, porque responsabiliza a los o las profesionales de la salud que provoquen un aborto”. “Por ejemplo, si voy a una guardia y me dan una medicación, no sabiendo que estoy embrazada, y esa medicación me produce un aborto, esa conducta ahora va a ser punible”, planteó Bustamante, quien concluyó que el borrador de la reforma "es claramente regresivo".

Celeste Mac Dougall, también integrante de la Campaña, sostuvo que con estos cambios “se le sigue dando la prerrogativa al juez de si penaliza o no a la mujer” que decide interrumpir su embarazo.

Asimismo, recordó que "hoy hay una obligación del Estado de garantizar los abortos que son legales (por causales) y por eso ahora se está volviendo a presentar el protocolo de interrupción voluntaria del embarazo" ya que -remarcó- "hay un montón de provincias que tienen protocolos restrictivos o que ni siquiera los tienen”.

Las feministas coinciden en que la eventual despenalización no resuelve la demanda de las mujeres que quieren interrumpir sus embarazos y se sigue penando aún más a las pobres, quienes se ven más expuestas a las consecuencias de los abortos inseguros.

“Uno de los problemas muy graves que tiene la imposibilidad de acceder a una interrupción de un embarazo no buscado, es el lugar que le toca a las mujeres con menos recursos, entonces si el acceso está no penalizado, pero no garantizado, vamos a seguir en la misma situación en la que estamos ahora”, señaló Belli, presidenta de Economía Feminista.

En la misma línea, Bustamante sostuvo que “la despenalización por sí sola no toma uno de los puntos fuertes del reclamo de la legalización, que es la justicia social” porque “hoy todas las mujeres que queremos interrumpir un embarazo estamos expuestas a la clandestinidad, y eso nos afecta a todas las personas con capacidad de gestar, pero el aborto es más o menos seguro según los recursos económicos o simbólicos que tengamos”.

Además de plantarse frente a las posibles reformas, el feminismo pide que esta demora en la presentación del proyecto sea la oportunidad para que el Gobierno escuche la opinión de referentes y especialistas de un movimiento que salió masivamente a la calle a pedir la IVE y que quiere ser tenido en cuenta en esta discusión.