La municipalidad iniciará este lunes con un operativo en el depósito que ardió semanas atrás en Diagonal 77. La Justicia investiga si se trató de un incendio intencional o un hecho culposo por negligencia.
Tras el incendio y derrumbe en el depósito de electrodomésticos, se desarrolará el operativo clave que ilusiona a los vecinos de La Plata
Este lunes por la mañana, la Municipalidad de La Plata comenzará con la demolición del edificio que se incendió semanas atrás en pleno centro de la ciudad, en Diagonal 77 esquina 48. El objetivo es eliminar el riesgo de derrumbe para que las 50 familias evacuadas puedan regresar a sus viviendas.
El derribo comenzará a las 10.00 y podrá ser registrado por los medios de comunicación. La estructura pertenecía a la empresa Aloise, y funcionaba como un depósito de electrodomésticos al momento del siniestro.
La fiscalía abrió una causa bajo la carátula de “averiguación de causales de incendio”, lo que habilita dos hipótesis principales: una negligencia técnica —como una sobrecarga eléctrica o instalaciones deficientes— o un hecho intencional, es decir, un incendio doloso.
En ambos casos, la figura penal podría escalar a “estrago”, prevista en los artículos 186 y siguientes del Código Penal, por el riesgo que el incendio representó para bienes y vidas humanas.
Estrago doloso: pena de 8 a 20 años si se prueba intención.
Estrago culposo: pena de 1 a 5 años, con agravantes si hay víctimas.
Los peritajes deberán reconstruir cómo se inició el fuego, cómo se propagó y si hubo fallas humanas o técnicas.
Aún no se descarta la participación de terceros. Una de las líneas de investigación apunta a que alguien ajeno a la dueña, como un exempleado o alguien con intención de perjudicarla, pudo haber provocado el incendio. Incluso se analiza el contexto familiar, marcado por una histórica interna en la familia Aloise.
El predio no tenía vigilancia nocturna ni sereno, y tampoco contaba con seguro contra incendios, lo que, para los investigadores, debilita la posibilidad de que la propia dueña haya buscado un beneficio económico con el siniestro.
Tampoco se logró recuperar imágenes de las cámaras internas: los DVRs estaban quemados. La fiscalía continúa recolectando registros de cámaras de seguridad externas, documentación eléctrica, habilitaciones y datos sobre el uso del galpón.
Otro dato clave se sumó en las últimas horas: la documentación oficial muestra que el Municipio había ordenado la clausura del predio en junio, pero seguía en funcionamiento al momento del incendio, bajo el nombre Al Tecno S.A.
“Entraban y salían vehículos diariamente”, indicaron desde la investigación. Si se comprueba que esa actividad continuaba sin habilitación, podría haber responsabilidad administrativa y penal si hubo condiciones que agravaron el riesgo, como sobrecarga eléctrica o mal almacenamiento.
Por eso, la fiscalía pidió reunir actas de inspección, antecedentes de clausuras, contratos de concesión y todo documento que permita establecer quién tenía el control del edificio y bajo qué condiciones.
