En las últimas licitaciones de deuda efectuadas por el Ministerio de Economía hubo una marcada diferencia entre demanda y oferta: los inversores exigían deuda con cláusula CER de corto plazo, y Guzmán pretendía extender plazos, preferentemente con títulos que no ajustan por la inflación.
“La divergencia entre lo que demandan los inversores y lo que plantea el Gobierno -reducir la oferta primaria de deuda ajustable por CER y extender plazos- plantea un desafío importante, que involucra la magnitud de las necesidades financieras, la percepción de riesgo y predisposición de los inversores “atrapados” para seguir refinanciando al Tesoro, en un contexto donde las tasas de interés reales en pesos aún son negativas” consigna el informe de Quantum Finanzas.
“Estimamos que el 45% del stock total de la deuda ajustable por CER está en manos del FGS de la ANSES, aproximadamente 10% en manos de Fondos Comunes de Inversión y el resto distribuido entre otros organismos públicos, compañías de seguro, bancos y personas humanas” concluye.
El desafío que tiene el gobierno es no sólo financiar el rojo fiscal del 2022 que estará en torno al 3% del PBI, sino que también debe renovar la deuda que vencen hasta fin de año. Entre mayo y diciembre vencen $4 billones. El interrogante de nuevo pasa por el dilema “hamletiano”: bonos CER o Dólar, esa es la cuestión.