El Gobierno nacional oficializó un nuevo protocolo para proteger la propiedad intelectual de las semillas y fortalecer los derechos de los desarrolladores de variedades vegetales registradas.
La medida busca reforzar el control sobre el uso de variedades registradas, combatir la utilización no autorizada de semillas y fomentar inversiones en innovación genética.
El Gobierno oficializó un nuevo protocolo para proteger la propiedad intelectual de las semillas: cómo funciona
El Gobierno nacional oficializó un nuevo protocolo para proteger la propiedad intelectual de las semillas y fortalecer los derechos de los desarrolladores de variedades vegetales registradas.
La medida fue implementada mediante una resolución conjunta de la Secretaría de Agricultura y el Instituto Nacional de Semillas (INASE), con el objetivo de reducir el uso no autorizado de semillas y mejorar los mecanismos de control en toda la cadena agroindustrial.
La normativa, basada en la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas N.º 20.247, establece un sistema de “control de identidad varietal en grano” destinado a garantizar la trazabilidad de las variedades protegidas y resguardar los derechos de los obtentores.
Desde el Gobierno sostienen que la iniciativa permitirá impulsar la inversión en genética vegetal y mejorar la competitividad del sector. En ese sentido, el vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que la actualización podría traducirse en un fuerte impacto económico.
“Cada productor argentino va a tener la libertad de elegir este mecanismo y recuperar 30 años de atraso en la calidad de sus semillas. Gracias a esta actualización, se estima un incremento en las exportaciones en más de 4.000 millones de dólares anuales”, afirmó.
El protocolo prevé que las muestras sean tomadas en el primer punto de entrega del grano, ya sea en acopios, plantas de procesamiento o puertos registrados dentro del Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA).
Las muestras únicamente podrán ser analizadas por Cámaras Arbitrales o entidades privadas habilitadas mediante convenios con el INASE. Los estudios deberán realizarse utilizando metodologías oficialmente reconocidas por el organismo.
Una vez concluido el análisis, los resultados serán enviados simultáneamente al titular de la variedad registrada y al propietario de la muestra.
En caso de detectar un uso irregular de una semilla protegida, el titular de la tecnología contará con un plazo de 60 días corridos para presentar una denuncia formal. Durante ese período, las muestras permanecerán resguardadas para eventuales procedimientos administrativos o judiciales.
Si se inicia una acción legal, el material será remitido al INASE, que tendrá a su cargo las actuaciones correspondientes.
La resolución también promueve una mayor participación de entidades privadas especializadas en los procesos de control, una decisión que, según el Gobierno, permitirá optimizar la fiscalización y mejorar la transparencia del mercado.
"La articulación entre el sector público y el sector privado permitirá optimizar los procesos de control, garantizando una mayor trazabilidad y transparencia en el mercado de semillas", sostiene el texto oficial.
La medida llega en paralelo al debate por una posible actualización integral de la Ley de Semillas. A fines de abril, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta; y el director del INASE, Martín Famulari, mantuvieron reuniones con entidades agropecuarias y representantes del sector semillero para avanzar en una reforma más amplia.
El objetivo es encontrar un equilibrio entre la protección de los derechos de los desarrolladores de semillas y las facultades que la legislación vigente reconoce a los productores agropecuarios.
La iniciativa apunta a fortalecer la innovación tecnológica en el agro argentino, un sector que el Gobierno considera estratégico para incrementar la producción, atraer inversiones y potenciar las exportaciones en los próximos años.