Impuestos

Ganancias: autónomos vs. empleados en relación de dependencia, quién gana y quién pierde con los cambios

Comparando ambas categorías se da una situación dispar en el alcance y lo que cada una debería pagar. Qué conflicto generan las modificaciones al Impuesto a las Ganancias dispuestas por el decreto 473, que entran en vigor en octubre. Y cuál sería la enorme diferencia entre lo que deben pagar unos y otros.
La reglamentación de estas modificaciones se realizó a través del Decreto 18/2023 publicado en el Boletín Oficial. (Foto: Archivo)

La reglamentación de estas modificaciones se realizó a través del Decreto 18/2023 publicado en el Boletín Oficial. (Foto: Archivo)

Por Cecilia Núñez y Gisele González (*)

Como se sabe, la ley del Impuesto a las Ganancias es la misma para trabajadores autónomos y empleados bajo relación de dependencia, pero la mecánica de cálculo para cada categoría es diferente. Para los primeros (facturación por venta de bienes o locación de servicios o profesionales independientes, por ejemplo), el impuesto se determina y se informa anualmente a través de una declaración jurada y el monto se toma como base de cálculo de los anticipos que se deben ingresar a cuenta del año siguiente.

En cambio, para los que están bajo relación de dependencia son los empleadores los que se encargan del cálculo y retención mensual del impuesto.

Teniendo en cuenta que, en materia impositiva, el Poder Legislativo es el que se encuentra facultado para efectuar modificaciones a las leyes vigentes (derogar o crear nuevos impuestos); recientemente, el Poder Ejecutivo ha venido implementando –haciendo uso de la delegación de ciertas facultades que prevé la ley– una serie de medidas que intentan aliviar la carga impositiva que soportan los trabajadores en relación de dependencia.

En los últimos años, a su vez, se ha dispuesto, conforme evoluciona el nivel de inflación, montos fijos de salarios a partir de los cuales se paga Ganancias y por debajo se exime de hacerlo.

Todo ello debiendo ser evaluado, administrado, calculado, retenido e ingresado por el empleador que en su carácter de agente de retención es quien debe aplicar la legislación vigente y conservar registros internos de los cálculos efectuados para poder justificar, frente a una fiscalización, su correcto accionar como agente de retención.

Impuesto a las Ganancias: el piso para empleados

El pasado 12 de septiembre se firmó el decreto 473 que elevó el piso a partir del cual los empleados en relación de dependencia deberán pagar Ganancias desde octubre. En líneas generales, independientemente de lo que hayan pagado los empleados entre enero y septiembre, a la hora de evaluar el impuesto de octubre, ya no se tendrá en cuenta el monto de ganancias acumuladas en lo que va del año, sino únicamente el monto correspondiente al salario de octubre.

Es decir, si es menor al equivalente de 15 salarios mínimos (considerando el valor vigente al 1/10/2023), la remuneración de octubre quedará entonces exceptuada de pagar Ganancias. Y, si es mayor a dicho parámetro, se deberá calcular el pago del impuesto.

Resulta importante aclarar que aun cuando el salario de octubre sea inferior al parámetro definido, no se recalcularán las retenciones hechas entre enero y septiembre por el empleador ingresadas a la AFIP. Es decir, se congela la situación del impuesto calculado al 30 de septiembre. Una especie de borrón y cuenta nueva como si el impuesto no fuera de ejercicio anual sino mensual.

¿Imposibilidad de reducir carga impositiva?

La AFIP publicó el 18 de septiembre la Resolución General 5417 que reglamenta al decreto 473. Tal como había sucedido en agosto último, a través de esta resolución también se encomienda al Poder Legislativo la actualización de la escala del artículo 94 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, a los fines de que se mantenga su progresividad.

Caso contrario, si solo se modificase el piso salarial para el impuesto, quien lo supere aún en pocos miles de pesos, se encontraría alcanzado directamente a la alícuota máxima del 35%.

Es esperable que la actualización de la escala se concrete –a través de la modificación de la Ley– de manera que también alcance el beneficio a los trabajadores autónomos. No obstante, hasta tanto esto ocurra, estos contribuyentes no estarán habilitados a accionar mecanismos para reducir su carga impositiva (reducción de anticipos, etc.).

Es decir, si bien los empleadores aplicarán esta nueva escala para la determinación de las retenciones mensuales de sus empleados, los trabajadores autónomos -por la mecánica de declaración, determinación y pago del impuesto- no tendrán ningún beneficio hasta tanto se incorpore a la ley la mencionada escala incrementada.

Para tener una noción más cabal de la diferencia de impuesto en uno y otro caso, comparemos la situación impositiva de un empleado en relación de dependencia cuyo salario mensual es de $ 2 millones versus un trabajador autónomo que factura mensualmente el mismo monto.

Si bien el autónomo podría deducir de sus ganancias los gastos relacionados con la obtención de los ingresos, a los fines del cálculo comparativo solo se ha tenido en cuenta el aporte a la seguridad social obligatorio. En igual sentido, para el empleado en relación de dependencia solo se consideró el aporte a la seguridad social que se descuenta mensualmente de su salario.

De la comparación surge que, de no actualizarse la escala de la ley del artículo 94, para un mismo año fiscal el trabajador en relación de dependencia habrá ingresado vía retenciones de su empleador un monto de 524 mil pesos de impuesto, mientras que el impuesto determinado para el trabajador autónomo ascendería a más de 7 millones de pesos.

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En resumen, la actualización de las escalas de ese artículo 94 aplica tanto a los trabajadores en relación de dependencia como a los trabajadores autónomos, la diferencia para el primer caso es que los agentes de retención (empleadores) ya se encuentran utilizando escalas actualizadas que de alguna manera contemplan el nivel de inflación. Mientras que, por su parte, los trabajadores autónomos solo podrían tomar alguna acción (reducción de anticipos, por ejemplo) una vez que la actualización se encuentre aprobada por el Congreso Nacional.

(*) Las autoras son directora de Global Mobility Services, ygerente Senior de Global Mobility, Tax & Legal de KPMG Argentina.

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