Una jueza hizo lugar a una cautelar presentada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. Investigan a un grupo de empresarios acusado de armar un esquema sistemático de deforestación.
La jueza federal N° 1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, dictaminó este lunes la suspensión de los desmontes en la provincia del Chaco por un período de tres meses. Esta medida cautelar fue ordenada al Ministerio de Producción y Desarrollo Económico Sostenible del Chaco, respondiendo así a la solicitud del fiscal Patricio Sabadini, en el marco de una denuncia penal presentada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.
La resolución de la magistrada abarca tanto los desmontes que ya habían sido autorizados pero aún no ejecutados, como la prohibición de otorgar nuevos permisos en todo el territorio chaqueño. Además, se ordena la adopción de medidas para supervisar de manera inmediata y constante el cumplimiento de esta disposición.
La jueza Niremperger justificó su decisión en la necesidad urgente de tomar medidas preventivas que eviten daños irreparables al medio ambiente. Según la magistrada, en este caso se cumplen los dos requisitos necesarios para dictar una medida protectoria. Subrayó que en temas de tutela del daño ambiental, las reglas procesales deben interpretarse de manera amplia, lo que permite al tribunal ejercer un rol más activo y dinámico en la protección del entorno.
Niremperger destacó que “el acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admitirá restricciones de ningún tipo o especie”, enfatizando la importancia de un enfoque proactivo en la defensa del medio ambiente.
La jueza también hizo referencia al concepto de “activismo jurídico” en cuestiones ambientales, subrayando que los jueces deben actuar de manera rápida y decidida en defensa del entorno natural, en línea con los estándares internacionales, la Constitución Nacional, y las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La medida cautelar fue solicitada en el contexto de una denuncia penal que acusa a funcionarios, exfuncionarios, legisladores provinciales y empresarios forestales de actuar ilegalmente para habilitar desmontes en zonas protegidas del Chaco, lo que ha generado una preocupación significativa entre organizaciones ambientalistas y la ciudadanía.
