Walter Martello, defensor del Pueblo Adjunto General de la provincia de Buenos Aires, cuestionó el proceso de privatización de AySA y advirtió que la oferta ganadora fue un 25% inferior al valor estimado por el Gobierno
El defensor del Pueblo adjunto general de la provincia de Buenos Aires dialogó con WiFi. (Foto: archivo).
El defensor del Pueblo adjunto general de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello, cuestionó el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y advirtió sobre una serie de irregularidades vinculadas con la licitación, el acceso a la información pública y las condiciones establecidas para la transferencia de la empresa al sector privado.
Las declaraciones se produjeron después de que el Gobierno anunciara que el consorcio Rowing-Arcos-Transclor-PHX presentó la oferta más alta, por US$340,2 millones, para adquirir el 90% de la compañía. La propuesta superó los US$285 millones ofrecidos por Roggio ROAS S.A.U.
En diálogo con A24, Martello puso el foco en la diferencia entre el monto ofertado y las estimaciones previas del propio Gobierno. “Fue una licitación sin base, no había base para la oferta”, sostuvo el funcionario, quien también recordó que el Gobierno había estimado que el valor de la empresa era de "entre 450 y 500 millones de dólares”.
En ese sentido, consideró que “la oferta de hoy llama mucho la atención” y señaló que el monto presentado representa aproximadamente un 25% menos de lo que se había estimado.
Uno de los principales cuestionamientos de Martello estuvo relacionado con las condiciones de acceso al proceso licitatorio y la información disponible para conocer sus detalles.
Según explicó Martello, durante determinadas instancias de la licitación “no podías ingresar si no eras oferente”, una situación que vinculó directamente con la falta de transparencia.
El funcionario aseguró que desde la Defensoría intentaron acceder a la documentación correspondiente, pero no obtuvieron las respuestas esperadas. “Nos presentamos en la Justicia para abrir esta posibilidad, hicimos un pedido de acceso a la información pública que no nos respondieron”, afirmó.
Otro de los aspectos señalados por el defensor del Pueblo fue la modificación de las condiciones previstas para la concesión. “Hubo modificaciones de las condiciones de los pliegos”, advirtió Martello al referirse a las decisiones adoptadas durante el proceso.
En particular, mencionó una convocatoria reciente a una audiencia pública destinada a revisar el sistema tarifario de AySA y establecer un nuevo criterio de zonificación. Según explicó, esa reconfiguración tendría consecuencias económicas significativas para el futuro operador privado.
“Hace unos días se convoca a una audiencia pública para rever el sistema tarifario, para establecer un criterio de zona, donde el propio ERAS (Ente Regulador de Agua y Saneamiento), que es el organismo de control, determina que por esa nueva reconfiguración de la zonificación van a obtener un flujo de caja de 93 millones de dólares extras”, señaló.
Para Martello, este dato debe analizarse junto con el valor ofrecido por el consorcio ganador, ya que las modificaciones tarifarias podrían representar ingresos adicionales para la empresa concesionaria.
El defensor también advirtió sobre el otorgamiento de distintas condiciones favorables durante los procesos de privatización y mencionó como antecedente lo ocurrido con Transener, la compañía de transporte de energía eléctrica que también atravesó un proceso de transferencia de participación estatal al sector privado.
En ese caso, los nuevos accionistas, Edison Energía y Genneia, participaron de una decisión de distribución de dividendos por $253.536 millones el mismo día en que asumieron el control de la transportista. Ambas sociedades recibieron aproximadamente US$44 millones en conjunto, correspondientes a dividendos acumulados durante la gestión anterior.
