Sin embargo, el director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, mantiene reparos con normativas de este tipo de enfoque. El funcionario había expresado en agosto pasado, cuando CABA presentó su prohibición, que las restricciones rígidas podrían quitar oportunidades pedagógicas vinculadas al uso de celulares. “En 2006 tuvimos esa norma en la provincia de Buenos Aires y no funcionó”, recordó entonces.
Los legisladores que impulsaron la ley citaron estudios que muestran que el 54% de los alumnos admite distraerse en clase por el uso de dispositivos. También vincularon la medida con los resultados del Operativo Aprender 2024, donde más de la mitad de los estudiantes quedó por debajo del nivel básico en Matemática. Para ellos, es necesario “reducir distractores y fortalecer la enseñanza, proteger la atención y promover un uso responsable de la tecnología”.
En CABA, la prohibición abarca a todos los niveles —inicial, primario y secundario— y rige tanto para escuelas públicas como privadas desde agosto de 2024, según anunció el jefe de Gobierno, Jorge Macri, con el objetivo de mejorar el clima en el aula y favorecer la interacción.
Cuándo entra en vigencia en PBA para prohibir usar celulares en el aula
La ley bonaerense concede un plazo de 180 días al Ejecutivo provincial para dictar su reglamentación, que precisará alcances y modalidades. Esto, sumado a la resistencia de Sileoni, hace prever que la aplicación efectiva no llegará antes del ciclo lectivo 2026.
El nuevo marco legal también prevé campañas de sensibilización en centros educativos, de salud y otros espacios públicos. El artículo 3 aclara que los estudiantes sólo podrán utilizar dispositivos digitales “para cumplir con objetivos pedagógicos”, y define como uso responsable a "la no utilización de dispositivos digitales durante la jornada educativa, salvo requerimiento y/o autorización explícita del docente".
Neuquén, mediante la ley 3520, ya prohíbe los celulares en niveles inicial y primario durante toda la jornada y los permite en secundaria solo con fines pedagógicos. Salta, con la ley 8474, estableció un criterio general de restricción en las aulas, con excepciones autorizadas por los maestros.