Ahora, el Gobierno analiza las herramientas jurídicas disponibles mientras el litigio entra en una etapa que podría derivar en nuevos pedidos de ejecución sobre bienes argentinos en Estados Unidos.
La resolución de la jueza contra Aerolíneas Argentinas. (Foto: Cuenta de X de Maril)
Autorizan embargos contra Aerolíneas Argentinas
La jueza de Washington, Jia Cobb determinó que pasado un tiempo prudencial desde la decisión del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (CIADI) y no hizo ningún esfuerzo o contacto por ofrecer una reparación a los tenedores de los papeles del reclamo, el fondo buitre Titan consortium, en un caso que tiene puntos de contacto con lo que sucedió con YPF hasta que el Departamento de Justicia de Estados Unidos jugó un papel importante a favor del gobierno argentino.
La disputa se remonta a 2008, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner reestatizó Aerolíneas Argentinas y Austral, que entonces estaban controladas por el grupo español Marsans.
La empresa inició un reclamo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo del Banco Mundial encargado de resolver controversias entre Estados e inversores. En 2017, el tribunal arbitral falló a favor de Marsans y fijó una compensación de USD320 millones, más intereses, que al día de hoy son 391millones de dólares.
Qué es Titan Consortium
En este punto, la situación tiene puntos de contactos con lo que pasó con YPF. Los propietarios de la compañía no aceptaron lo que sucedió durante la reestatización. Por lo que el grupo Marsans recurrió al CIADI. Pero más tarde, esos derechos del juicio pasaron primero al fondo Burford Capital - uno de los fondos buitre que ha litigado siempre contra la Argentina y luego fueron adquiridos por Titan Consortium.
Si se toma el monto actual del reclamo - 391 millones de dólares - no es un monto tan significativo como los 16.000 millones de dólares que en su momento evaluaba la jueza de Nueva York, Loretta Preska, para la causa YPF, en la que también autorizó embargos que luego quedaron sin efecto.
Lo que iguala a ambas juezas es que en su resolución para autorizar embargos señalan que producido un fallo desfavorable para la Argentina, los diferentes gobiernos no hicieron ninguna propuesta para pagar ese monto.
En una parte de su resolución, la jueza Cobb dice: “Han transcurrido veintiún meses desde que este Tribunal dictó sentencia contra la Argentina. Al Tribunal le consta que, durante ese período, la Argentina no ha realizado ningún esfuerzo significativo para satisfacer la sentencia, que continúa pendiente de pago. Y los argumentos de la Argentina en oposición a la solicitud de Titan de obtener medidas en virtud del artículo § 1610(c) no resultan atendibles. En consecuencia, el Tribunal considera que ha transcurrido un ‘período razonable de tiempo desde el dictado de la sentencia'...".
El presupuesto que se estudia en el Congreso Nacional en estos momentos, considera una partida de dinero para cancelar esa deuda.