Pereira fue condenado por los delitos de daños agravados, deterioro del patrimonio público, abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado y asociación delictiva.
El hombre de 51 años, que había viajado desde el Gran San Pablo y fue detenido luego de depredar el Senado y filmarse sentado en la silla del titular del cuerpo con una camiseta con la inscripción “intervencion mlitar ya", también recibió una multa de 30 millones de reales (unos 6 millones de dólares) en concepto de daños morales colectivos, que serán pagados por todos los acusados.
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El juez relator, Alexandre de Moraes, quien propuso la pena de 17 años, dijo que los manifestantes querían "convencer al Ejército de adherir a ese golpe de Estado" y "estaban seguros de que lo conseguirían".
En Brasil, la corte suprema puede juzgar delitos contra la Constitución, como está ocurriendo con el intento de golpe contra Lula del 8 de enero.
"Quieren hacer creer que los acusados estaban paseando por Disney. Los acusados estaban poseídos de un odio irracional, casi patológico", e "impregnados de audacia, de ignorancia, destruyeron bienes públicos sujetos a protección especial, catalogados como patrimonio histórico, como los muebles, alfombras y obras de arte", señaló ayer De Moraes.
Por su parte, el vicefiscal general de Brasil, Carlos Dos Santos, había dicho durante la sesión de acusación que "se buscó derrocar a un gobierno que fue legítimamente electo con el voto universal con el pretexto de que hubo fraude en las elecciones"
"Brasil hace mucho que dejó de ser una república bananera y los golpes son una página pasada en la historia", añadió.
La fiscalía presentó un total de 232 denuncias contra los presuntos responsables de los delitos más graves, entre quienes se incluyen el primer condenado y otros tres que serán juzgados a continuación, todos hombres, de entre 24 y 52 años.