Doris Stauffer murió a los 73 años tras sufrir una rara condición de Alzheimer. Su familia decidió donar su cuerpo para que los científicos pudieran estudiar su cerebro y descubrir el gen de la enfermedad que habría mutado. Sin embargo, se enteraron de que los restos tuvieron otro destino: el Ejército de los Estados Unidos los compró para explotarlos en un experimento.
Tras una exhaustiva investigación, se comprobó que el responsable de esta maniobra fue el Centro de Recursos Biológicos (BRC) de Arizona. Su dueño, Stephen Gore, se declaró culpable de haber usado de manera indebida decenas de cuerpos.
Jim, el hijo de Doris, explicó en una entrevista televisiva que su madre murió en 2014. Los especialistas, interesados por su rara condición médica, le sugirieron que donara su cuerpo para investigar su cerebro. Fue así cómo llegó al BRC del condado de Maricopa.
El personal de esta empresa le aseguró a la familia que lo enviarían a un centro neurológico. Pocos días después, les mandaron una pequeña caja de madera con las supuestas cenizas de la mujer.
Sin embargo, un periodista de Reuters descubrió que los restos habían terminado en manos del Ejército de los Estados Unidos, que los adquirió por casi 6.000 dólares -junto a otros 20 cuerpos- para someterlos a un experimento.
En esa investigación periodística, se constató que el cuerpo de Doris había sido atado a una silla y detonado con explosivos "improvisados" similares a los que utilizan los terroristas.
"Me siento tonto, porque no soy una persona que confía. Pero en esta situación no tenés idea de que esto está sucediendo, confías", se lamentó Jim en referencia a la estafa que sufrieron como familia.
Los Stauffer no fueron las únicas víctimas. Otras docenas de familias también fueron engañadas por el Centro de Recursos Biológicos y les entregaron los cuerpos de sus seres queridos pensando que serían utilizados para una investigación médica.
El titular de esta institución confesó ante la Justicia y fue sentenciado la semana pasada a cumplir un año de prisión efectiva, cuatro años de libertad condicional y deberá pagar una indemnización de 121 mil dólares a los afectados.
