Las cárceles de Venezuela se están poblando en los alrededores de campamentos de familiares de los presos políticos. El régimen de Delcy Rodríguez y organismos de Derechos Humanos no coinciden en la cantidad de liberados tras el derrocamiento de Nicolás Maduro.
Vigilia con campamentos de familiares de presos políticos en Venezuela. ( Foto: Reuters)
La situación de los presos políticos del régimen que encabezaba Nicolás Maduro es motivo de una controversia en Venezuela. El gobierno chavista residual anuncia grandes números de liberados, pero las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) no concuerdan con la cantidad. Dicen que es mucho menor. Por eso, los familiares de los presos políticos adoptaron una estrategia como lucha y protesta: montar campamentos de vigilia en torno a las prisiones más reconocidas.
En Venezuela, familias de personas consideradas presos políticos han levantado campamentos y vigilias frente a centros de detención como El Helicoide y Rodeo I, una escena que se ha repetido en los últimos días ante la prolongada espera de excarcelaciones y la falta de información oficial.
Estas vigilias, que combinan protesta pacífica con llamados desesperados por noticias claras, reflejan la angustia de quienes claman por la libertad de sus seres queridos tras años de encarcelamientos en medio de un clima político polarizado y judicialización de la disidencia.
Los familiares exigen la liberación inmediata y sin condiciones de todos los presos políticos, la publicación de listas oficiales sobre quiénes han sido excarcelados y detalles claros sobre quiénes quedan detenidos, así como el fin de las causas judiciales consideradas arbitrarias.
También piden medidas humanitarias, acceso a condiciones dignas dentro de las prisiones y el respeto del debido proceso. En algunos casos, las demandas incluyen investigaciones sobre presuntas torturas, desapariciones y violaciones a los derechos humanos sufridas por los detenidos.
En Venezuela, las cárceles emblemáticas se han convertido no sólo en símbolos de un sistema penitenciario colapsado, sino también en epicentros de la lucha por la liberación de los considerados presos políticos, bajo presión de familias, organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales. Según ONG defensoras de derechos humanos, más de 800 personas continúan detenidas por motivos políticos en más de 120 centros de detención distribuidos en todo el país.
Entre los recintos más notorios destaca El Helicoide, en Caracas, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Este lugar, originalmente un centro comercial, ha sido reconvertido en una prisión de alta notoriedad por denuncias de malos tratos, aislamiento prolongado y torturas.
Documentadas por organizaciones como Human Rights Watch tienen unos números totalmente diferentes de los que anuncia el gobierno bolivariano aún en el poder. Es por eso que los campamentos se montan frente a las entradas de los centros de detención. Los familiares mantienen vigilias con demandas de liberación y transparencia sobre quiénes serán excarcelados.
Otra prisión emblemática es El Rodeo I, en el estado Miranda, donde ONG como Foro Penal han identificado a numerosos presos políticos, incluidos extranjeros, bajo condiciones que han sido calificadas como extremas e inhumanas por defensores de derechos. También figura entre las más mencionadas Tocorón, el Centro Penitenciario de Aragua, originalmente destinado a delincuentes comunes y reactivado en 2024 para albergar a detenidos políticos tras las protestas postelectorales.
El Centro Nacional de Procesados y Penados Militares, conocido como Ramo Verde, también ha sido foco de atención. Allí estuvieron recluidos figuras opositoras de alto perfil, y su historia alimenta el reclamo de sectores que denuncian detenciones arbitrarias con fines políticos. Además, otros recintos como Yare II y III, La Crisálida (cárcel femenina) y Tocuyito registran detenciones bajo condiciones de hacinamiento.
Estas prisiones se han convertido en símbolos de la denuncia internacional contra el Estado venezolano. Varias organizaciones de derechos humanos, entre ellas la ONU y grupos como Amnesty International, han exigido la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, subrayando la falta de debido proceso, las detenciones arbitrarias y el impacto devastador en las familias.
El presidente de los Estados Unidos publicó un mensaje en donde se llama "a cargo de Venezuela". Sin embargo, su preocupación, por el momento, está centrada en el petróleo. De la situación institucional del país y las personas detenidas por cualquier pretexto por el SEBIN, por el momento no ejerció ningún tipo de presión. Este jueves recibirá a María Corina Machado. Tal vez entonces, cuando la líder opositora lo ponga al tanto de todo lo que sucedió durante los 25 años del chavismo en Venezuela, Trump cambie su mirada sobre Delcy Rodríguez.
En los últimos días, en un contexto político volátil marcado por la captura del expresidente Nicolás Maduro y la posterior transición de poder, el gobierno venezolano ha anunciado la liberación de un “número importante” de presos políticos, incluyendo ciudadanos extranjeros y figuras prominentes como la activista Rocío San Miguel. Sin embargo, organizaciones independientes advierten que estas excarcelaciones siguen siendo insuficientes, con apenas unas decenas liberadas frente a los centenares que permanecen detenidos, y critican la falta de listas claras y procesos transparentes.
Las presiones de familiares y ONG persisten, con vigilias frente a El Helicoide, El Rodeo y otros centros penitenciarios, exigiendo que los anuncios oficiales se traduzcan en liberaciones efectivas y que se garantice el acceso a justicia, salud y un trato digno para quienes aún están bajo custodia.